El Gobierno Vasco no recurrirá
El ejecutivo autónomo considera que la sentencia del TSJPV sólo exige hacer ajustes técnicos, pero no anula el decreto ni obliga a las víctimas a devolver las indemnizaciones
JON ROJAS
Bilbao
El Gobierno Vasco está bastante satisfecho con la sentencia y ya apunta a que, aunque los servicios jurídicos siguen analizando la sentencia, lo más probable es que no se recurra. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado en parte el recurso del Estado contra este decreto, que fue promulgado por el ejecutivo vasco socialista en junio de 2012 y modificado por el PNV en octubre del 2013.
El ejecutivo vasco entiende que la sentencia sólo afecta a aspectos técnicos, pero no a lo fundamental del decreto, por lo que éste podrá seguir adelante, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra ya en la última fase y que la reparación de las víctimas policiales está ya muy avanzada y el trabajo casi hecho.
La Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Minika Hernando, ha destacado tres conclusiones de esta sentencia. Primero, la sentencia no anula ni el decreto, ni las políticas de reconocimiento y reparación de las víctimas amparadas por el mismo. Segundo, la sentencia no obliga a la devolución de las indemnizaciones que en concepto de reparación se han concedido a las víctimas, previo dictamen de la Comisión de Valoración y, en tercer lugar, el desarrollo y culminación del decreto, que se encuentra en su fase final, es perfectamente viable porque, atendiendo a lo dictado en la sentencia, será suficiente para ello con la introducción de algunas correcciones técnicas al mismo.
El Gobierno Vasco ha denunciado desde el primer momento que el recurso de la Abogado del Estado, era un recurso del Gobierno español contra las políticas del Gobierno Vasco de reparación y reconocimiento hacia víctimas de vulneraciones de derechos humanos sin amparo ni cobertura institucional.
Según el ejecutivo de Urkullu, la sentencia disuelve esa pretensión del Gobierno español y rechaza el intento de querer incluso anular la posibilidad de que las víctimas participen en las aulas. Las consecuencias de la sentencia se circunscriben a discutibles aspectos técnicos como el relativo a las certificaciones médicas o a los baremos de valoración en indemnizaciones menores de 10.000 euros.
