Carlos Castro: "El juicio pretende destruir la presunción de inocencia"
El abogado de la acusación popular pide dos años de inhabilitación especial por un delito de "desobediencia continuada"
Valladolid
Carlos Castro, abogado de la acusación popular, que representa a la Federación de Vecinos, considera que el alcalde de Valladolid ha cometido un delito de "desobediencia continuada", como lo demuestran las pruebas documentales que avalan la dilación en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
"Este juicio, como todos los juicios penales, tiene por objeto destruir la presunción de inocencia del acusado", aseguró Carlos Castro, quien mantiene la petición de penas de inhabilitación de dos años y una multa de 90.000 euros para Javier León de la Riva.
En el escrito difundido por la Federación de Vecinos se recuerda que “el acusado, Francisco Javier León de la Riva, estaba obligado y era personalmente responsable de dar cumplimiento a la sentencia que había dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo el día 28 de abril de 2008 anulando las licencias concedidas para rehabilitar el edificio situado en la Plaza de Zorrilla, de Valladolid, con vuelta a las calles Santiago y María de Molina”, y que “a pesar de los sucesivos requerimientos del Tribunal, que llegó a requerirle hasta en cinco ocasiones bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad penal, no le dio cabal cumplimiento hasta después de haber formulado el Fiscal la denuncia que ha dado origen a este proceso”.
En el mismo documento se precisa que “el señor León de la Riva era, como Alcalde, la persona encargada de dar cumplimiento a la sentencia, porque a él le corresponde el gobierno y la dirección del Ayuntamiento [artículo 21.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local], porque el Ayuntamiento jamás comunicó al Tribunal que fuera otro órgano el responsable del cumplimiento de la sentencia y porque reiteradamente la Sala le ordenó que la cumpliera, incluso con el apercibimiento de que podía incurrir en responsabilidad penal si así no lo hiciese”.
Javier León de la Riva incurrió en "reiteradas negativas", a pesar de que era propietario de una de las viviendas, que adquirió en el edificio de Caja Duero, entidad financiera de la que él fue vicepresidente.
La conclusión de la acusación particular, según el escrito, es rotunda: “Se ha tardado, pues, cinco años en ejecutar unas obras cuya duración normal sería de cinco meses (plazo fijado por ‘Núcleo, S.A.’ si se hubiesen ejecutado simultáneamente las dos fases) y jamás se ha llegado a hacer efectivo el cese de la utilización del edificio"
