El PSE evitó informar sobre los contratos con la empresa de Txarli Prieto

Vitoria

Varios cargos del partido socialista en Álava reclamaron a la dirección de su partido los datos de las contrataciones del PSE alavés ante la sospecha de que una empresa de Txarli Prieto pudiera estar siendo contratada por la formación en Álava cuando su secretario general era el propio Prieto. Ninguno de los órganos socialistas a los que hicieron la petición les ofreció esa información.

En marzo de 2013 llegaron incluso a pedir el amparo del entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sus sospechas no pudieron ser confirmadas... hasta hoy, cuando el propio Txarli Prieto ha reconocido públicamente la existencia de esos contratos, después de que la CADENA SER adelantara que la Fiscalía analiza una denuncia anónima con abundante documentación interna.

Según esa denuncia, al menos, en los años 2010 y 2011, el PSE alavés liderado por Txarli Prieto pagó algo más de 71.000 euros a Escoiba, la empresa de la que entonces era propietario, para mejoras de seguridad en varias sedes del partido financiadas con fondos públicos del Ministerio del Interior. Prieto ha admitido que la relación entre su empresa y el partido se remonta a hace más de 15 años.

El denunciante anónimo –que aporta facturas de la empresa y cheques internos del PSE– pide que se investiguen posibles hechos delictivos por sobrecostes o trabajos no realizados. Tanto Prieto como Idoia Mendia han rechazado irregularidades y no ven problemas éticos en que una empresa de Prieto fuera contratada por el PSE alavés que él dirigía.

La primera de las peticiones de estos cargos internos fue enviada en enero de 2013 al secretario de organización de la formación en Álava, Víctor García Hidalgo. En esa solicitud, además de otras cuestiones relacionadas con la gestión económica del partido, expresamente solicitaban el “coste de las reformas realizadas desde diciembre de 2009 en diferentes sedes del territorio, así como empresa o empresas contratadas al efecto”. Citaban el artículo 41 de los Estatutos del PSE que les da derecho a consultar esa información.

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Pero no se les facilitó esa información.

A partir de ahí surgió una segunda solicitud en la que pedían el “amparo” de diversos cargos y organismos del partido socialista, entre ellos, Rodolfo Ares y Óscar López, en aquel momento secretarios de organización del PSE y el PSOE respectivamente. “Solicitamos que se considere la gravedad que se deriva del hecho de la inaccesibilidad a la información requerida”, explicaban en el documento.

Estas gestiones resultaron de nuevo infructuosas. Rodolfo Ares les contestó que los Estatutos del partido aprobados en el VII Congreso del PSE no habían sido ratificados por Ferraz, por lo que Ares decidió pasar la pelota a Madrid y dejar la reclamación en manos de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, a la que estos cargos también habían pedido amparo. No obtuvieron respuesta.

La queja se trasladó además a los miembros de la Ejecutiva alavesa, entre los que se encontraban, entre otros, Txarli Prieto, Javier Rojo y la actual secretaria general del PSE alavés, Cristina González. En esa ocasión se citan más artículos de los estatutos del partido.

Finalmente enviaron una comunicación al entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero ni siquiera así se les permitió revisar los presupuestos del PSE alavés y los contratos del partido.

Las dudas sobre la gestión económica del partido socialista en Álava volvieron a surgir en septiembre de 2014, poco antes del relevo de Txarli Prieto al frente del partido, cuando se conoció que Patxi Lazcoz también había reclamado el estado de las cuentas del partido. Tampoco las consiguió.

Finalmente un denunciante anónimo ha accedido a esas facturas y se las ha trasladado a la Fiscalía.