La empresa de Hiriko se declara en concurso de acreedores
Afipayda la empresa promotora del coche eléctrico, que recibió 17 millones de dinero público ha solcitado concurso a un juzgado de lo mercantil
Un prototipo de Hiriko en la plaza de la Virgen Balnca de Vitoria / EFE
Vitoria
Un juzgado de lo Mercantil de Vitoria ha declarado en concurso voluntario a Afypaida, la empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco, Hiriko, y ha abierto la fase de liquidación de esta empresa, a la que las instituciones otorgaron 17,4 millones de ayudas públicas para crear ese proyecto automovilístico.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que acuerda la liquidación de Afypaida, cuyos administradores eran Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio.
Estos cuatro empresarios están acusados por la Fiscalía de Álava de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el procedimiento penal que ha abierto hace unos días un juzgado de Vitoria.
Según la Fiscalía, estas cuatro personas, junto a otros dos empresarios, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos con "el pretexto" de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko, que finalmente nunca se comercializó.
El Juzgado de lo Mercantil ha nombrado como administrador concursal al despacho Escobosa y Asociados de Vitoria, que ya ha adelantado a Efe que ha aceptado este cometido.
Este administrador es el encargado de comunicar la declaración de concurso a los acreedores, quienes deberán informar de las deudas y créditos pendientes que tiene Afypaida con ellos y, en una fase posterior, se aprobará un plan de liquidación de la empresa.
Afypaida ha solicitado este concurso voluntario al alegar que se encuentra "en estado de insolvencia" y por tanto ha solicitado la liquidación de su patrimonio.
El auto precisa que la empresa, que carece de trabajadores, tiene un activo de 3,9 millones y un pasivo de 1,9, pero advierte de que existe una "posible contingencia con la Administración Pública" por importe de 11,3 millones de euros.
Fuentes jurídicas han precisado a Efe que Afypaida reconoce con esta "posible contingencia" que la Administración podría reclamarle una cuantía no confirmada que calcula en 11,3 millones.
Y es que el Ministerio llamado entonces de Ciencia e Innovación otorgó en junio de 2010 y julio de 2011 un total de 14,7 millones de euros en ayudas a través de dos convenios y, de hecho, la Abogacía del Estado ya ha anunciado que se personará en el proceso penal abierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.
El Gobierno Vasco, que aportó 2,7 millones de euros, no ve por el momento motivos para personarse porque no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.
No obstante no descarta hacerlo en el futuro si a lo largo de la investigación se descubren hechos nuevos.
Las mismas fuentes han indicado que la declaración de concurso y la apertura de la fase de liquidación puede tener repercusiones en el procedimiento penal ya que si en éste se acordara por ejemplo el embargo de algunos bienes, no sería posible hacerlo al estar Afypaida en fase de liquidación.
Los administradores concursales, según señala el auto, deberán presentar un plan de liquidación de los bienes, y cualquier persona o acreedor que acredite intereses en este caso podrá personarse en el concurso.
Este auto, contra el que cabe interponer un recurso de apelación, ha sido notificado al Fondo de Garantía Salarial, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al Gobierno Vasco y a la Diputación de Álava.
Este procedimiento concursal se desarrollará en paralelo al procedimiento penal en el que están procesados los cuatro administradores de Afypaida citados en este auto como administradores, junto a los también empresarios Javier Calvera y José Barreira. La Fiscalía acusa a todos ellos y a la empresa Afypaida de los mismos delitos.
A juicio del fiscal, la construcción del vehículo eléctrico Hiriko fue en realidad "un pretexto" para "distraer" fondos públicos en su propio beneficio
