El PP aprueba el Plan con el ánimo del retorno de los vecinos del alfoz
El documento urbanístico, aprobado con el rechazo de PSOE e IU, contempla la construcción de 66.000 viviendas más
Valladolid
¿Para que hacen falta 66.000 viviendas más en Valladolid si cada año la ciudad pierde progresivamente habitantes? Esta es la pregunta planteada por la oposición en el pleno extraordinario que ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana con la mayoría absoluta del PP.
La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, asegura que el PGOU apuesta por la regeneración de la ciudad consolidada y no por la expansión. Además, el equipo de gobierno de Javier León de la Riva tiene la convicción de que el planeamiento servirá para propiciar el retorno de los vallisoletanos que abandonaron la capital (que ha perdido en veinte años un 5,8% de la población) para asentar su residencia en los municipios del área metropolitana, que en el mismo periodo experimentó un crecimiento del 174%.
Ical
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Socialistas e IU reclamaron, sin éxito, la retirada del Plan General. Manuel Saravia, portavoz de Izquierda Unida, advirtió del cúmulo de errores y deficiencias: "El documento no cumple la Ley, es una farsa", concluyó Saravia.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, criticó el nuevo PGOU, que ahora se somete a un periodo de exposición pública porque sigue el mismo modelo especulativo que ha fracasado. El número de viviendas pasaría de las 158.000 de la actualidad a 224.000, más de la mitad fuera de las rondas. Izquierdo recordó los intereses que tenía el asesor del alcalde, Carlos Baró, en el trazado del bypass de mercancías y lo aproximó al "tráfico de influencias". Vidal le pidió rigor y le invitó a acudir a los juzgados si tenía pruebas.
Ical
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La polémica sobre la suspensión de licencias se erigió en uno de los puntos clave del debate. Mientras los grupos de la oposición consideran que la aprobación inicial del PGOU supone automáticamente la suspensión, la concejala , avalada por el secretario del Ayuntamiento de Valladolid, defendió la seguridad jurídica del acuerdo.
