Alaya investigará al exconsejero Ojeda

Sevilla

La Audiencia de Cádiz ordena que sea el juzgado de Mercedes Alaya el que investigue al exconsejero andaluz, Ángel Ojeda, imputado por el supuesto fraude en los cursos de formación de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En un auto la Sala confirma la inhibición que había acordado el juez de instrucción 2 de Cádiz. Este magistrado enviará todo lo instruido a Sevilla.

Ángel Ojeda, explican los jueces, recibió 33 millones de euros en subvenciones para la formación y supuestamente desvió distintas partidas para otros fines.

El auto señala que consiguió el dinero gracias a sus influencias y contactos en la Junta. Ojeda creó sociedades para pedir subvenciones que luego gestionaban otras empresas también suyas. Supuestamente subcontrataba los cursos de formación aunque no estaba permitido hacerlo en la resolución de la concesión de la ayuda. Y esa subcontratación le permitía canalizar y distribuir los fondos obtenidos para ocultar supuestamente el verdadero destino final del dinero.

Entre las ayudas que recibió el exconsejero se encuentran las que aprobó la Junta para Delphi, cuando la multinacional de la automoción cerró y dejo en el paro a casi dos mil trabajadores.

“En poco más de año y medio las entidades pertenecientes a D. Ángel Ojeda Avilés, antiguo consejero de la Junta de Andalucía, integradas todas ellas en el Grupo Prescal habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él”, según la jueza Mercedes Alaya.

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Estas entidades supuestamente simularon la contratación de antiguos trabajadores de Delphi, según recoge la Inspección de Trabajo en un documento remitido al juzgado de Alaya.

Entre las sociedades de Ojeda que sólo se didicaban a pedir subvenciones para la formación está Humanitas. Mientras las integradas en el Grupo Prescal se dedicaban a gestionar estas subvenciones.

La Junta de Andalucía ha eximido de justificar a distintas entidades 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011. Es un dato a fecha de octubre del año pasado que ofreció en su declaración como testigo ante la Guardia Civil el exdirector general de Formación Profesional, Carlos Cañavate. Son exoneraciones contrarias a la ley de subvenciones, que sólo las contempla en circunstancias excepcionales.

En el caso también está imputado el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por las ayudas de 70 millones para la formación concedidas a Delphi.

Según Alaya, las otorgó con ausencia de procedimiento, permitió la subcontratación de las actividades formativas, estando prohibido, y concedió becas por encima del máximo legal permitido a los trabajadores por asistir a los cursos de formación.