Aplazada hasta el miércoles la declaración de los peritos de la Intervención General del Estado

Sevilla

José Antonio Griñán había pedido al Supremo que Alaya no celebrara esta prueba de tomar declaración a los peritos de la intervención, porque considera que le causa "indefensión", ya que él no está personado en el juzgado de Sevilla, sino en el Supremo, y su abogado no podrá asistir a la prueba. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha entendido que la prueba se debe practicar y, además, ha remitido el informe de la defensa a instrucción 6. Un documento que se van a estudiar todas las partes estos días, para poder preguntar sobre él a los peritos de la Intervención General del Estado.

La jueza Alaya tenía previsto tomar declaración mañana a los peritos de la Intervención General del Estado que elaboraron un informe pericial, que es la base para las acusaciones. Finalmente, los cita para el próximo miércoles, para que todas las partes se puedan estudiar el contrainforme de las defensas que le ha remitido el Supremo

Los cuatro peritos concluyeron que los exconsejeros de Economía, Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades". También destacan en su informe la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las subvenciones. Dinero, afirma que se otorgó con absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones; y eso impidió la fiscalización previa del dinero por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.

Los expertos señalan que no consta que entre los años 2000 y 2009 el consejero de Economía "haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) que, por su interés y repercusión deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención".

El documento entregado en diciembre de 2013 afirma que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que ya está imputado en la causa, debió haber emitido el correspondiente informe de actuación, que hubiera paralizado el pago de las ayudas. "La Intervención General de la Junta puso de manifiesto que el IFA/IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones mediante el pago de las ayudas. Por ello, en nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la IGJA de emitir el correspondiente informe de actuación", dado que las actuaciones del IFA-IDEA como pagador "pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Los peritos aseguran que la transferencia de financiación "no era la partida adecuada" para la concesión de subvenciones, que debían entregarse de acuerdo con la Ley de Subvenciones. Por eso creen que "no parece razonable" que la Intervención General de la Junta emitiera un informe favorable a las distintas modificaciones presupuestarias que aumentaron la partida año tras año.

El informe concluye que el sistema ideado generó un déficit de financiación de las ayudas del programa 31L que asciende a millones de euros: 30,2 en el 2002; 38,2 en 2003; 93,6 en 2004; 95 en 2006; 40,6 en 2007; 33,2 en 2008; 10,5 en 2009 y 29,2 en 2010.

Por último, el informe señala que el Parlamento de Andalucía, al aprobar la partida de las transferencias, "actuó con respeto a la legalidad vigente" y que el legislador "no pretendió que, a través del uso de las transferencias, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico".