El TSJA condena al ayuntamiento a pagar cinco veces más por dos expropiaciones

Málaga

El ayuntamiento de Málaga recibe dos nuevas sentencias que le enmiendan la plana y le obligan a pagar 1.611.616,92 euros más por la expropiación de dos parcelas. El consistorio había determinado abonar 358.196,64 euros por ambos terrenos, cinco veces menos de lo tendrá que acabar pagando, que asciende a 1.969.813,56.

Se trata de dos fincas expropiadas hace ahora 12 años para la restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Río Guadalmedina.

En una de las adquisiciones, el ayuntamiento se ve obligado a abonar 956.668,98 euros más entre el incremento del precio que dicta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los intereses de demora. De hecho, el TSJA obliga al ayuntamiento a pagar seis veces más por los terrenos de lo que había abonado inicialmente (sin contar los intereses de demora), que era apenas 100.597,72 euros, cantidad fijada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que incluso superaba la hoja de aprecio municipal, que ascendía a 66.942,90.

En el otro caso, el ayuntamiento preveía abonar 257.598,92 euros. Tras el recurso de los propietarios, que pedían 6 millones de euros, tendrá que abonar casi el doble por el incremento del justiprecio que determina el Alto Tribunal Andaluz, además de 221.541,59 euros más en concepto de intereses de demora, lo que supone en total, según consta en el expediente urbanístico al que ha tenido acceso esta emisora.

Se da la circunstancia de que en ese documento se informa de que no hay dinero para pagar esa cantidad, ya que apenas queda 466.455,82 euros de partida para atender este tipo de expropiaciones. Para poder financiar el resto, 188.492,12 el ayuntamiento de ve obligado a realizar una modificación presupuestaria.

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Ambos expedientes se verán en el próximo Consejo de la Gerencia municipal de Urbanismo, este viernes, en el que el equipo de gobierno dará un paso más en el proyecto urbanístico de las Torres de Repsol. Los populares tienen previsto aprobar el proyecto de reparcelación de esa parcela, lo que recogerá el reparto de lo que se quedará el Banco Malo (SAREB), que será la torre más alta y una cuatrocientas viviendas, y el ayuntamiento de Málaga, que tendrá el resto de los edificios y 900 viviendas, de ellas, cuatrocientas de VPO.

Un consejo de Urbanismo en el que vuelve a quedar en entredicho la utilidad del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas en algunos casos: en concreto, este organismo aprobará la caducidad de dos expedientes en el que dos fincas en Tomás de Cózar y calle Beatas han estado cerca de una década sin edificar y en este registro sin que el ayuntamiento haya tomado medidas o haya sacado a subasta los terrenos a pesar de haberse superado con creces el plazo de un año establecido en la ley para que los propietarios actúen en los solares.