León de la Riva elude la polémica con el Portavoz de la Junta
De Santiago-Juárez recuerda que el pago de 21 millones de euros no corresponde a la Junta de Castilla y León
Valladolid
Javier León de la Riva rehusó la polémica con el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León a pesar de que José Antonio de Santiago-Juárez le dirigió el jueves un reproche contundente: el alcalde tiene dos problemas graves y quiere buscar un tercero.
Javier León de la Riva asegura que defiende los intereses de la ciudad
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El regidor vallisoletano se mostró conciliador con el portavoz del Gobierno regional de Juan Vicente Herrera -le calificó de "amigo"- y volvió a utilizar un discurso que irrita a la oposición: "defensa de los intereses de la ciudad".
El portavoz replica al alcalde
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El Ayuntamiento de Valladolid acudirá a los tribunales contra la Junta de Castilla y León si no revisa el convenio por el que devolvió en 2007 los terrenos del Zambrana que no fueron utilizados para fines públicos, como el centro de menores. Y , como a fecha de hoy, todo indica que la Administración autonómica no revisará el convenio por el que se devolvía a los propietarios 5,3 hectáreas a cambio de 4 millones de euros, la vía jurídica es inexorable.
Puente reacciona ante el alcalde
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El Ayuntamiento estima que sin ese convenio los herederos no tendrían derecho a reclamar lo que han conseguido en los juzgados, 21 millones de euros. Aunque esta cifra podría duplicarse, incluso alcanzar los 96 millones, según la demanda interpuesta por los propietarios del solar.
PSOE e IU respaldan el primer paso adoptado en la comisión de Urbanismo, que se ratificará en el pleno del próximo martes, pero precisan que la responsabilidad política del equipo de gobierno de Javier León de la Riva es flagrante. El portavoz de IU, Manuel Saravia, puso en evidencia la ausencia de gestiones con el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera.
¿Replica del alcalde al portavoz?
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Y con indignación reaccionó Oscar Puente al escuchar cómo ahora el alcalde de Valladolid se atribuye la "defensa de los intereses de la ciudad" cuando la realidad es que "en los últimos siete años no ha hecho nada".
El Ayuntamiento, en cualquier caso, deberá pagar los 21 millones de euros a los propietarios.
