Maroto firma el primero la ILP contra el fraude en las ayudas sociales
El alcalde de Vitoria lanza la campaña de captación de firmas de ‘Ayudas más Justas’ para cambiar la ley, endurecer el acceso a la RGI y dejar fuera a los inmigrantes irregulares
El alcalde de Vitoria firma la ILP en compañía del portavoz de 'Ayudas más Justas', Patxi Gómez / David Aguilar / EFE
Vitoria
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha sido el primero en estampar su firma en la Iniciativa Legislativa Popular que está impulsando la plataforma ciudadana ‘Ayudas más Justas’ para endurecer el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y acabar con el fraude en las ayudas sociales.
El colectivo, creado por iniciativa del propio Maroto, ha inaugurado hoy en Vitoria su primera oficina y precisamente ha querido ser el dirigente del PP el primero en firmar, tal y como reclamó personalmente a los responsables de la plataforma.
Un estreno con anécdota porque tanto Maroto como el resto de ciudadanos que han firmado esta tarde lo han hecho a oscuras, al haberse estrenadosin luz el local ubicado en la calle Postas de la capital alavesa.
“Hoy cambia algo importante en Euskadi" ha dicho el alcalde vitoriano porque "muchísimos vascos" tienen ya la oportunidad de decir con su firma que “se eliminen los abusos".
Según ha explicado, ha querido ser el primero porque "hay que dar la cara, testimonio y un mensaje claro" porque "la fuerza de la calle no se puede parar" y se ha mostrado convencido de que "miles de vascos" van a respaldar la ILP.
Por su parte, el portavoz de la plataforma en Álava, Patxi Gómez, ha precisado que Maroto ha sido el primero porque “lo pidió” y porque, además, "es el alcalde de Vitoria, representa a los vitorianos y es importante que sea el primero".
"Queremos llegar a todos los rincones del País Vasco" ha explicado, tras mostrarse convencido de que “las 30.000 firmas es un objetivo perfectamente conseguible y más”, ha explicado en relación a los apoyos necesarios para que la ILP siga su trámite en el Parlamento.
Gómez ha insistido en que esperan que la gente "se involucre y participe" en una iniciativa que "busca justicia, frenar los abusos y modificar una ley que no cumple con las expectativas". Para ello, la plataforma, cuenta con cuatro meses de plazo y prevé abrir sedes también en Bizkaia y Gipuzkoa, aún sin fecha.
Entre otras medidas, la ILP plantea que para el acceso a la RGI sean necesarios cinco años de empadronamiento y la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes ilegales.
