Piden entre 6 y 11 años para los imputados valencianos en Nóos
El Fiscal Horrach que no acusa a Alfonso Grau sí que pide cárcel para cuatro ex directivos de la Generalitat. La oposición socialista, acción popular en la causa, excluye a los ex directivos pero pide ocho años de prisión para Alfonso Grau. La otra acción popular, la de Manos Limpias, pide once años de prisión para los cinco
Valencia
Los imputados valencianos señalados por el fiscal Pedro Horrach son el ex secretario autonómico de grandes proyectos, Luis Lobón; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; y Elisa Maldonado, ex directora de gestión de la entidad para quienes el fiscal pide ocho años de prisión y el ex director general del complejo, José Manuel Aguilar, para quien pide seis.
Todos ellos habrían participado en los contratos con el Instituto Nóos para la celebración de tres ediciones de los Congresos Valencia Summit que reportaron 3'6 millones de euros al conglomerado liderado por Iñaki Urdangarín y Diego Torres. El fiscal les atribuye delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
El relato de la fiscalía pasa por conectar al Instituto Nóos con las autoridades valencianas a partir de un encuentro, en 2003, de Iñaki Urdangarín con Rita Barberá en el que el explicó los proyectos de esta entidad que parecía sin ánimo de lucro. Esas conversaciones se fueron haciendo, siempre según el relato del ministerio público, más habituales e incluyeron al entonces President de la Generalitat, Francisco Camps.
EL CASO DE ALFONSO GRAU
Horrach exonera al otro imputado valenciano, al vicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá. Los socialistas en el ayuntamiento, que son acción popular, sí que piden para él once años de prisión y treinta de inhabilitación por cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
Los socialistas no piden penas para los exdirectivos de la Generalitat ni para la Infanta Elena porque consideran que deben centrarse en el quebranto económico del ayuntamiento.
Así, piden que el dinero presuntamente malversado, 1.566.000 euros en la parte concerniente al ayuntamiento de Valencia, sea devuelto de forma solidaria por Iñaki Urdangarín, su socio Diego Torres y por Alfonso Grau.
Grau fue imputado por Castro en un primer momento pero más tarde el juez decidió desimputarle. Finalmente y tras un auto de la Audiencia de Palma Grau resultó imputado. Castro y el fiscal Horrach se desplazaron recientemente a Valencia para tomar declaración a quince testigos propuestos por su defensa, la mayoría de ellos ex patronos de la fundación Turismo Valencia que Grau presidía.
En principio de esas declaraciones no se esperaban sorpresas. Era la segunda vez que esos mismos testigos comparecían ante Castro y el juez señaló que les había citado para evitar una posible indefensión de Grau por su tardía imputación. Pero uno de esos testigos señaló que Grau les había citado previamente a sus dos comparecencias ante el juez para aleccionarles. Versión que corroboraron varios testigos más y que podría acabar con la apertura de una pieza aparte en Valencia, por coacciones o por obstrucción a la justicia.
CÁRCEL PARA TODOS
Es lo que pide la otra acción popular, la del sindicato Manos Limpias. Eleva la petición de pena para Grau a once años y la hace extensiva a los cuatro ex directivos de la Generalitat relacionados con los contratos.
LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT
El gobierno valenciano está personado en la causa y se ha adherido a las peticiones del fiscal únicamente en lo que se refiere al posible quebranto económico para las arcas públicas y poder recuperar ese dinero.
Recordamos que fue en febrero de 2013 cuando el Consell acordó autorizar a la abogacía a personarse por lo civil en la causa precisamente para garantizar que "cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos volviera a la Generalitat".
