La Diputación se querella contra un exresponsable de Bidegi
Les acusa de pagar 3’4 millones de euros por obras no realizadas en la AP1
Imagen de la AP-1
San Sebastián
El ente foral asegura que esa cantidad se pagó en la liquidación final de las obras de la autopista AP-1, en junio de 2011, cuando seguían en sus puestos los gestores del PNV, una semana antes de que tomaran posesión de sus cargos los diputados del gobierno de Bildu.
El presunto fraude denunciado por la Diputación está relacionado con un depósito de sobrantes de tierra, denominado Basagoiti-2, construido en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte (Epele) de la autopista AP-1, la que une Eibar con Vitoria y que fue inaugurada el 22 de mayo de 2009 y también con trabajos de traslado de tierras y excavaciones. Según el Gobierno foral, la certificación de fin de obra de este vertedero acreditaba que se había llenado en un 99,78 %, con una cantidad de 2.228.500 metros cúbicos de tierras sobrantes, volumen por el que se pagó en junio de 2011 la cantidad de 500.000 euros.
Sin embargo, los análisis efectuados en febrero de 2014 y también en los documentos de fin de obra de 2009 establecen que el volumen de llenado alcanza a la mitad del depósito, por lo que hay 900.000 metros cúbicos menos de tierra que lo que figura en la certificación pagada en 2011.
La Diputación descubrió este hecho a principios de este año, al buscar una solución para los sobrantes de tierra de la autovía entre Antzuola y Bergara, actualmente en construcción. Además, al inicio de las obras, cuando todavía había tierras sin expropiar y no estaba disponible el vertedero de Basagoiti 2, se originaron costos suplementarios relacionados con la gestión de los sobrantes, por lo que en enero de 2009 Bidegi abonó 2.511.000 euros (212.000 euros más que lo reclamado por el contratista).
Sin embargo, en la liquidación final de la obra, en junio de 2011, el importe de la reclamación de la empresa contratista se incrementó en 900.000 euros. La empresa constructora justificó esta desviación por los costes de traslado de tierras generadas por desprendimientos y trabajos inesperados a otro vertedero, porque no estaba disponible el de Basagoiti 2.
La Diputación asegura que no piensa hacer públicos los nombres de las personas imputadas por los delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos.
