Anticorrupción defiende que Alaya es competente
La Fiscalía responde en un escrito a la Junta señalando que la jueza debe seguir investigando la macrocausa de los cursos de formación
La Jueza a su llegada a los juzgados el pasado 13 de noviembre / Marcelo del Pozo (Reuters)
Sevilla
La Fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 6, donde defiende que la jueza Mercedes Alaya debe seguir investigando la macrocausa de los cursos de formación en respuesta al recurso de la Junta de Andalucía. El Fiscal sostiene que no hay motivo para anular todo lo actuado en este procedimiento.
Dice el Ministerio Público que la Junta de Andalucía no ha concretado que indefensión le puede producir el hecho de que la Jueza Alaya sea la instructora. Y añade que no hay vulneración de las normas de reparto establecidas por el Decanato de Sevilla.
El Fiscal argumenta que la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo se refiere al juez natural de Sevilla. Y cualquiera de los 20 jueces de instrucción, por tanto, sería el juez natural para investigar estos hechos. Dice el Fiscal que si lo es Alaya, es porque se han seguido las normas de reparto.
La nulidad de actuaciones, según el Fiscal, puede darse cuando existe falta objetiva territorial o funcional y este no es el caso.
Anticorrupción ya explicó, hace un mes, cuando salió este debate que la jueza Mercedes Alaya es la competente para investigar los cursos de formación. Que no cabe ni plantearse una supuesta actitud prevaricadora de la magistrada ni tampoco plantear la nulidad de lo actuado por el hecho de que esas previas de la formación derivaron de unas que a su vez habían salido del caso de los ERE.
A lo que la Fiscalía, en este caso de Sevilla, recuerda que hace ya un año se estudiaron el asunto y recurrieron para quitarle el caso de la UGT. Caso que ganaron en la Audiencia de Sevilla, por eso la supuesta financiación irregular de UGT se instruye en el juzgado número nueve.
Hace unos días, la jueza Mercedes Alaya, admitió a trámite el incidente de nulidad que le planteó la Junta de Andalucía en la macrocausa de los cursos de formación. La Junta lo presentó al entender que Alaya no es competente para investigar esta macrocausa y que debería anularse todo lo investigado hasta el momento y enviarse a reparto la declaración del testigo protegido, Teodoro Montes.
