La justicia no ve delito en la privatización de hospitales madrileños
La Audiencia Provincial de Madrid archiva la querella interpuesta contra ex altos cargos de la sanidad madrileña por la externalización de varios centros
GRA033 MADRID, 4/11/2016.- La ministra de Sanidad, Ana Mato, el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School,Juan Jose Güemes,d., y Concha Marzo,iz., directora de Relaciones Institucionales de Grupo Novartis España ,poco antes de la inauguración de la jornada "Health Talks" en el Aula Magna del IE Business ,donde se analiza la situación actual del sistema sanitario y se estudia las claves para avanzar en su sostenibilidad.EFE/Juan Carlos Hidalgo / Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Madrid
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el archivo provisional de la querella criminal que interpuso la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra varios ex altos cargos de la sanidad madrileña por presuntos delitos que se habrían cometido durante la adjudicación de varios hospitales privatizados.
Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid entienden que no existió delito y que por tanto la querella debe ser archivada “al no resultar debidamente justificada por ahora la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa, sin perjuicio de que si aparecieren nuevos elementos que permitieran apreciar la naturaleza penal de determinadas conductas, (que hasta el momento deben circunscribirse al ámbito político-administrativo) pudiera acordarse la reapertura del procedimiento”.
Una "mezcolanza" de hechos
El auto de la sección segunda reproduce los argumentos de los recurrentes, quienes aseguran que la querella es “un refrito de documentos que circulan por la red, elaborados por determinados elementos pertenecientes a determinada opción política, y destinados a mantener la crítica de la actuación política del grupo que decide el tipo de sanidad y la gestión de la Sanidad en Madrid”. Añade a esto la sala que “la querella contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid”
Y añaden que, además, la Comunidad tuvo que dar marcha atrás en esta privatización después de la decisión de la justicia madrileña: “Difícilmente podríamos llegar a la conclusión de que estamos en presencia de unos hechos que pudieran ser incardinados en un tipo penal”.
Críticas desde AFEM
Una decisión que ha recibido las críticas desde AFEM: en declaraciones a la SER, su portavoz Marta Hernández ha anunciado que volverán a montar la querella, pero criticando que en cualquier caso el objeto de su querella no se corresponde con la privatización sanitaria en sí misma. “Denunciamos varias cosas, por ejemplo el mal uso de dinero público a favor de determinadas empresas privadas y la prevaricación de los políticos que siendo consejeros beneficiaron a ciertas empresas privadas en las que luego ocuparon cargos directivos”.
Critican desde AFEM también que “parte de los motivos en los que se basa para archivar es dar por hecho que el proceso de privatización ya se da por cerrado, nosotros para paralizar ya pusimos denuncias por la vía administrativa, esto es algo diferente”. Fuentes jurídicas de Plaza de Castilla consultadas por esta emisora también han mostrado su sorpresa ante esta decisión.
La querella había sido interpuesta contra Manuel Lamela (exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid), Juan José Güemes (también exconsejero), Patricia Flores (viceconsejera de asistencia sanitaria y directora del SERMAS), Antonio Burgueño (director general de Hospitales) y los representantes de la UTE Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Ribera y las empresas Capio Sanidad, Unilabs y Asisa. Los querellados nunca llegaron a ser interrogados.
