El Caso PGOU sigue abierto
El juez deberá tomar nuevas declaraciones
GRA182. VALLADOLID, 30/10/2014.- El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), a la salida de su despacho esta mañana tras conocer el auto emitido por la Audiencia Provincial de Valladolid, que no ha apreciado "indicios suficientes de responsabilidad delictiva" en el alcalde de esta capital por la manipulación del PGOU tras la tramitación legal de su modificación en 2003. EFE/NACHO GALLEGO / NACHO GALLEGO (EFE)
Valladolid
El caso de la manipulación del plan general no está cerrado. Aunque los magistrados de la audiencia de Valladolid han descartado al alcalde, el proceso sigue vivo. Así lo subrayan distintas partes del proceso, incluida la fiscalía. Incluso, la audiencia provincial de Valladolid establece que, aunque la instrucción está prácticamente terminada, deben prestar declaración en calidad de imputados, cuatro personas más. El juez de instrucción tendrá que adoptar su decisión después de escuchar su testimonio. Esther Pérez, fiscal jefe de la audiencia de Valladolid en declaraciones a la cadena ser, recuerda que esas declaraciones pueden dar lugar a la apertura de nuevas diligencias.
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De hecho el Juzgado de instrucción número 1 de Valladolid, ha citado ya a declarar como imputados, tal y como ordenó en su auto la audiencia provincial, a Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la avenida Madrid, a Pilar Asunción López Mazariegos, a Francisco Capellán Bernardo, en relación junto con la anterior con una operación en Arca Real, y a Lino Collazos del Castillo, con motivo de un intervención urbanística en la calle José María Lacort.
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Los tres primeros imputados declararan el día 19 de noviembre, mientras que el último de ellos, Lino Collazos, la hará el día 21 de noviembre.
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En su auto, la audiencia de Valladolid considera que en el ayuntamiento de Valladolid hubo una “alteración consciente e intencionada” del plan general de ordenación urbana perpetrada presuntamente, por, entre otros el entonces concejal de urbanismo García de Coca, al que nombró el alcalde de Valladolid. La fiscalía mantiene que el alcalde desempeñaba este cargo, en el momento en que se produjeron los hechos delegando sus funciones en materia de urbanismo en los concejales que ha estimado oportuno. Por eso, Esther Pérez, aunque respeta la resolución de la audiencia no la comparte.
Quien también ha apoyado las tesis de la fiscalía de Valladolid que pedía la imputación del alcalde, ha sido el fiscal jefe del tribunal superior de justicia de Castilla y León, Manuel Martin Granizo.
Por su parte el abogado de la acusación popular, Carlos Castro, en nombre de las asociaciones de vecinos de Valladolid, constata esta contradicción en la decisión de la audiencia porque no puede dar la lista definitiva de imputados, si hay nuevos testimonios.
