La Audiencia deja fuera al alcalde y confirma la manipulación

La Audiencia Provincial de Valladolid confirma la gravedad de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, pero no incluye en la lista de imputados ni a Javier León de la Riva, ni al concejal Manuel Sánchez. Es más, los magistrados han decidido excluir a los 3 representantes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valladolid.

Se descarta al secretario municipal, Valentín Merino, y a los dos letrados, porque no está acreditado el delito de prevaricación.

   El alcalde de Valladolid , que había convocado un acto informativo para firmar un convenio sobre el Concurso Nacional de Pinchos, se mostró visiblemente satisfecho.

Sobre León de la Riva , la Audiencia explica que "la atribución al alcalde de una responsabilidad penal por todo lo que se realice en el ámbito municipal sería extender en demasía la responsabilidad criminal". También se indica que el procedimiento elegido para corregir los errores no implica la comisión de delitos.

Sobre Manuel Sánchez, los magistrados le dejan fuera también porque accedió a la Concejalía de Urbanismo en 2007, cuando las manipulaciones estaban ya realizadas. Asimismo, indican que Sánchez no tenía conocimiento claro o preciso de los expedientes urbanísticos alterados. No observan "la existencia de indicios racionales de criminalidad que justifiquen su imputación por estos hechos ", concluyen los magistrados.

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Sobre los hechos, se establece que "hubo una serie de alteraciones conscientes e intencionadas en el articulado y en los planos del texto refundio del PGOU. No se trata de meras omisiones o lapsus materiales involuntarios, sino de manipulaciones deliberadas", apostilla.

Los magistrados añaden que "esas manipulaciones favorecen a determinadas personas y empresas" y que es "coherente interferir que las alteraciones subrepticias se producen para permitir y lograr beneficios urbanísticos porque hay un acuerdo entre las personas del Ayuntamiento que tienen el control efectivo de la elaboración de ese texto refundido con las personas y empresas beneficiadas".

 El abogado de la Federación de Vecinos, Carlos Castro, que ejerce la acusación popular, aseguró que la "técnica procesal es discutible" porque se piden nuevas pruebas, al tiempo que se descartan imputaciones. Asimismo, el letrado de las Asociaciones de Vecinos de Valladolid consideró insuficientes las razones esgrimidas por los magistrados para no incluir al alcalde y al concejal de Seguridad.

En consecuencia, se mantiene la imputación del exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y tres funcionarios de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid: Modesto Mezquita (director del Area de Urbanismo), Luís Alvarez Aller (técnico especialista en Políticas Urbanísticas y Coordinador del Área), y José Luís Cerezo (Director del Servicio de Planeamiento).

Asimismo , se incluyen a 5 representantes de 5 empresas inmobiliarias, como José Luís Mayordomo, de Vallenava Capitol, que fue presidente del Baloncesto Valladolid.

Además, se suma a la lista de imputados Ramón Herrero Merino como administrador del Area de los terrenos de la Avenida de Madrid, donde sólo se contemplaban 9 chalets adosados, aunque después se permitieron 124, gracias a la modificación de planos.

   La Audiencia Provincial, que preside Feliciano Trebolle, estima que la instrucción está "prácticamente terminada". Sin embargo, los magistrados instan al juez a que declaren en calidad de imputados cuatro personas más: Gonzalo Jolín Garijo, Pilar Asunción López, Francisco Capellán y Lino Collazos.

    El presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, afirmó que el auto de la Audiencia es "discutible", y que a pesar de que no se ha incluido a Javier León de la Riva entre los imputados, su responsabilidad política es clara por la gravedad de los hechos relatados.

    Manuel Saravia, portavoz de Izquierda Unida, reclamó también la dimisión del regidor vallisoletano, aunque no tenga responsabilidad penal.