Calatrava culpa a Camps de triplicar el coste del proyecto

Castellón

Una hora y cuarto ha durado la declaración judicial de Santiago Calatrava como imputado por posibles irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones de Castellón. Según el diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco -cuya formación ejerce la acusación popular en el caso- la declaración del arquitecto ha revelado datos clave. Por un lado, ha asegurado que fue el expresidente de la Generalitat quien le encargó un proyecto "emblemático", que "pusiera a Castellón en el mapa". Lo hizo por teléfono días antes de que presentaran públicamente la maqueta del edificio en marzo de 2008. Así justifica Calatrava el hecho de que en su proyecto ampliara la superficie inicial de la instalación, una ampliación que propuso el Ayuntamiento de Castellón, entonces regido por Alberto Fabra.

Al aumentar la superficie y, por tanto, el presupuesto del Centro de Convenciones, los técnicos de la Sociedad de Proyectos Temáticos se negaron a pagar a Calatrava sus honorarios -2,7 millones de euros-, al considerar que había incumplido el contrato, según declararon ante el juez hace unos días. Sin embargo, finalmente la Generalitat le pagó y días después Francisco Camps se reunió con personal del despacho del arquitecto y "ratificó" el proyecto que contemplaba un sobrecoste millonario: pasaba de 60 millones iniciales a 180. Así lo ha declarado Calatrava ante el juez, según el abogado de la acusación popular, José Luis Romero.

Desde el gabinete de prensa de Santiago Calatrava han matizado esta cuestión. Dicen que la reunión con Camps se celebró solo para explicarle los términos del proyecto, sin que éste dijera si lo aprobaba o no. En cualquier caso, lo ratificara expresamente o no, queda claro que el expresidente estaba al tanto del sobrecoste y, a pesar de ello, siguió adelante con el proyecto que se paralizó al llegar la crisis.

Por su parte, Calatrava no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del juzgado de Instrucción número 5. El arquitecto se ha limitado a remitir un comunicado. Asegura en él que cumplió las obligaciones contractuales y defiende que el objetivo del proyecto era dotar a la ciudad de una infraestructura "icónica", de "repercusión internacional". El juez no ha ordenado, de momento, más diligencias, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia Valenciano.