La jueza Alaya prorroga por sexto mes el secreto de la 'operación Madeja'
La magistrada investiga la supuesta financiación irregular del PSOE a través del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla en el gobierno de Monteseirín
Sevilla
La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por quinta vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación Madeja, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PSOE y el supuesto enriquecimiento personal del exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. El exalto cargo pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
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La jueza Alaya detuvo a Domingo Enrique Castaño, a su mujer, la abogada Ana María Vaquero, al administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y al exadministrador de Fiverde Angel Manuel Macedo.
Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".
También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.
Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.
