Si se cierra Castor, el Gobierno deberá pagar a la concesionaria

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Industria con el que el Ministerio pretendía anular la cláusula que obligaba al Gobierno a indemnizar a la concesionaria del almacén de gas Castór, en caso de que el proyecto sea descartado. La actividad está actualmente paralizada por los movimientos sísmicos en la zona.

El Gobierno deberá indemnizar a ACS si quiere quedarse con el almacén subterráneo de gas que la empresa tiene en la costa de Vinaròs y al que se considera responsable último de los casi 500 movimientos sísmicos que se han registrado en la zona en las últimas semanas

La Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de Induistria. Los magistrados sostienen que si el Estado se quedara con las instalaciones de ACS, presumiblemente obtendría un beneficio futuro con la explotación, cuyas instalaciones continuan operativas, por lo que resulta coherente que se contemple una compensación a la empresa concesionaria, unas compensación que rondaría los 1.700 millones de euros que es el valor residual que costó levantar esas instalaciones.