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La Fiscalía Anticorrupción denuncia a los antiguos dirigentes de Catalunya Caixa

La denuncia por un delito de administración desleal afecta al ex presidente de Catalunya Caixa en 2010, Narcís Serra, y el entonces director general de la entidad, Adolf Todó, además de 52 miembros del Consejo de Administración

Narcís Serra compareix a la comissió d'investigació de la crisi de les caixes del Parlament(Parlament de Catalunya)

Narcís Serra compareix a la comissió d'investigació de la crisi de les caixes del Parlament

La fiscalía pide que declaren como imputados y que toda la documentación recogida en esta investigación, tales como los informes policiales y las copias de las actas.

La fiscalía anticorrupción ha denunciado la antigua cúpula de Catalunya Caixa por administración desleal. Considera que los 54 directivos, entre ellos el entonces presidente Narcís Serra, y el director general Adolf Tudó, se blindaron con sueldos y dietas "desproporcionadas" teniendo en cuenta que la entidad no hacía más que disminuir sus beneficios año tras año. Ahora el juez deberá decidir si admite a trámite el caso.

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El fiscal Fernando Maldonado asegura que los directivos de CatalunyaCaixa han aplicado una política irresponsable haciendo crecer año tras año su sueldo, a pesar de la "dramática" situación económica que la entidad ha atravesado desde 2007.

Entrando en cifras, explica que entre 2004 y 2010 el ex Narcís Serra cobró 1,2 millones de euros en dietas y retribuciones, para formar parte del consejo de administración, aunque sólo tenía un cargo representativo. El director general, Adolf Tudó ingresó en 5 años 4 millones de euros, y eso sin contar con las dietas.

La fiscalía considera que las elevadas retribuciones "merecen ser investigadas", teniendo en cuenta que se fijaron en plena crisis y que Catalunya Caixa debió acogerse al FROB en 2010. De hecho, la ley marca que cuando una entidad recibe dinero público debe rebajar las retribuciones por debajo de los 300.000 euros. Lejos de ello, según la fiscalía, los directivos mantuvieron las condiciones 2 años y blindarse con pólizas e indemnizaciones millonarias. El ministerio público pide al juez que cite a declarar como imputados a los 54 directivos y que admita a trámite toda la documentación recogida.

 
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