Antonio Fernández entiende que la fórmula de pago de los ERE era "legal"

El exconsejero de empleo, Antonio Fernández, ha declarado que el sistema de la transferencia de financiación, ideado en el convenio marco de 2001, para pagar los ERE y las ayudas a empresas en crisis era "legal", y ha añadido que si hubiera conocido los reparos que ponía la Intervención General de la Junta hubiera seguido usando la misma fórmula ya que permitía a la Junta ser "más operativa para ayudar a trabajadores, empresas y territorios de Andalucía".La jueza que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo y en las ayudas concedidas a las empresas en crisis, Mercedes Alaya, ha imputado al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández seis delitos, cuatro de ellos continuados

Fernández ha explicado que el Consejo de Gobierno andaluz tuvo conocimiento de la firma de ese convenio marco porque hubo que hacer una modificación presupuestaria de 13.000 millones de pesetas, el mismo mes, en junio de 2001. También ha dicho que no le consta que se hiciera ninguna consulta a los servicios jurídicos de la Junta para firmar ese convenio, a pesar de que el Reglamento del Gabinete Jurídico obliga a que se de cuenta al mismo de cualquier acuerdo.

Antonio Fernández ha contado que lleva tres meses sin pagar la cuota de su partido, el PSOE.

El exconsejero de empleo, Antonio Fernández, ha defendido ante la magistrada que aún habiendo conocido que por parte de la Intervencióin General de la Junta se ponían reparos a este sistema por ser ilegal, él habría seguido utilizándolo porque permitía a la Junta ser "más operativa" para ayudar a trabajadores y empresas a través de transferencias de financiación.

La magistrada Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, los supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios; y los delitos de cohecho y falsedad. Fernández ha manifestado antes de entrar en el juzgado que responderá a todas las preguntas. Su interrogatorio está previsto que se prolongue durante el fin de semana.

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En hora y media la magistrada ha verbalizado un relato demoledor, según los abogados presentes, de los hechos por los que ha imputado al exalto cargo. Ha sido un relato contundente de la gestión de Fernández durante su carrera política como consejero, viceconsejero y presidente del IFA, hoy Agencia IDEA. Mercedes Alaya considera que Antonio Fernández se incluyó en el expediente de regulación de empleo de González Byass, donde había trabajado antes de entrar en política, para beneficiarse, a pesar de que era el consejero de Empleo. Según Alaya la relación laboral estaba extinguida, como establece la jurisdicción española. Antonio Fernández renunció a cobrar la póliza que superaba los 300.000 euros, pero su nombre aparecía en la relación de beneficiarios.

La jueza le ha dicho que de su gestión en Empleo "se deduce que es corresponsable del uso descuidado y abusivo de dinero público", que concedió ayudas sin prodedimiento de fiscalización y sin control del destino que tenía el dinero. De hecho, le ha mencionado las empresas de la Sierra Norte que recibieron cuantiosas subvenciones aunque "no iban a crear empleo sino a enriquecer" a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago.

Alaya también considera que el exconsejero tuvo "absoluta falta de diligencia" en la entrega del dinero a las aseguradoras que pagaban las pólizas de los ERE. Además, la jueza considera que ideó un sistema de otorgamiento de 17 ayudas a empresas de su ciudad, Jerez, para favorecer ese territorio.