Las ayudas eran "discrecionales por decisión política"
El exdirector general de Trabajo ha comenzado su declaración hacia las 10:30 de la mañana respondiendo a preguntas sobre las ayudas socio-laborales a las empresas y señalando ya al diputado socialista José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo entre el año 2000 y el 2004 y al Gobierno
Guerrero ha explicado que las ayudas eran discrecionales porque no se publicaban y "no podía conocerlas todo el mundo sino los más próximos a la administración" y ese criterio "parte de Viera y se supone que lo habló con el Gobierno andaluz, que le daría el respaldo".
"Al ser ayudas discrecionales y sin publicidad lo lógico es que se enteraran" personas de su entorno, de la Consejería de la Junta o de las organizaciones sindicales, ha explicado. "Eso era así por criterio político, ha insistido, y todo el mundo lo sabía y "nadie puso reparos". " Ni el IFA ni la Consejería ni el consejero ni el viceconsejero", repite.
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La magistrada le ha mostrado el convenio marco que firmaron en el año 2001 Viera como consejero de Trabajo y Antonio Fernández como presidente del IFA. "Los criterios tan amplios para conceder las ayudas partieron del consejero y el viceconsejero".
Sobre las facturas, supuestamente pagadas a despachos de abogados que asesoraron a Trabajo para firmar ese convenio o para montar los expedientes de regulación de empleo, afirma que él no las autorizó y que considera que la Junta no debería haberlas abonado. Asegura que la mayoría son de la "era Viera" y "ordenaría el pago el consejero o el viceconsejero".
Sobre las comisiones excesivas, de hasta el 20%, abonadas a las aseguradoras Vitalia y Uniter por pagar las pólizas de los ERE, ha contado que "eran las únicas empresas que admitían el pago en diferido" y por eso las eligió pero si hubiera sabido que esas comisiones eran tan elevadas con respecto al mercado hubiera intentado que cobrasen "dentro de la lógica" de ese mercado.
Guerrero ha justificado las ayudas individuales concedidas, por ejemplo a su suegra, porque creía que tenían los mismos derechos que los "prejubilables de las empresas". De hecho afirma que intentó incluirlas en los borradores de Orden pero su idea no pasó el "consejillo" que entonces presidía cada semana Gaspar Zarrías.
Javier Guerrero ha contado esta tarde que el exconsejero, Antonio Fernández, fue la persona que comprometió las ayudas a las empresas del corcho que recibió el exalcalde de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. "Las ayudas de Borbolla las compromete Fernández, tres millones de euros en tres años, en 2005, 2006 y 2007", ha dicho.
También ha reconocido que el traslado de la empresa Aglomerados Morell de Valencina a Villanueva del Río se hizo "con fines electorales". "Fue desvestir un santo para vestir otro", ha explicado gráficamente. Ha manifestado que la Junta primero pagó el ERE para los empleados de Valencina y luego subvencionó la contratación del nuevo personal en Villanueva.
Guerrero lleva tantas horas hablando desde que ayer se inició su declaración judicial que ha tenido algunos lapsus. A la partida 31L con la que se pagaron las ayudas la ha llamado "mi partida" y a las asociaciones de trabajadores que se constituyeron en algunas empresas para cobrar los ERE las ha denominado "asociaciones de la Junta".
