Movilizaciones contra los recortes públicos

Parten los sindicatos de una premisa: que los servicios públicos no son gratuitos porque se financian con los impuestos que pagan los ciudadanos para los que trabajan los empleados públicos. Y así, cualquier cambio en las condiciones de estos trabajadores, tiene repercusión inmediata en los servicios que prestan.

Los representantes sindicales están molestos con el Gobierno regional por el aumento de la jornada laboral y la reducción de las coberturas durante las bajas, pero lo peor para ellos, su verdadero caballo de batalla, es el innegociable recorte de derechos al que se les ha sometido sin siquiera escuchar su opinión.

Al "hacer números", obtienen resultados calimosos para el empleo porque creen que las medidas decididas por Aguirre van a suponer la pérdida de once mil puestos de trabajo y la degradación del servicio público.

Responsabilizan a la presidenta regional, pero también aseguran que ella "sigue un guión" escrito en la sede nacional del Partido Popular que, según ellos, contiene "recetas" que se aplicaran en el resto de España.