La Asociación de Alumnos reclama al Ayuntamiento de Villena más supervisión en las obras acometidas.
El ascensor de la EPA Arco Iris, sin estrenar por falta de aprobación.
Epa Arco Iris Villena / Epa Arco Iris Villena
Villena
Dos meses después de instalar un ascensor en el Centro de Formación de Personas Adultas Arco Iris, la escuela sigue sin poder hacer uso del mecanismo por falta de aprobación por parte del Ayuntamiento de Villena. La situación afecta directamente a los alumnos con movilidad reducida. Algunos de ellos, incluso, han dejado de asistir a clase.
“Yo, hasta que no funcione, no pienso volver”, dice Paco Montilla por teléfono, un alumno con dificultades para andar y uno de los más longevos de la escuela. “Son ya muchos años subiendo las escaleras en mi estado y ahora que por fin han puesto un ascensor, me niego a seguir subiéndolas, dice indignado.
“Es lamentable que tengamos que seguir esperando, teniendo en cuenta lo que nos cuesta subir las escaleras”, se queja Montse Marco, otra de las alumnas afectadas. “Con la ilusión que tenemos de venir a aprender, es una pena tener que quedarse en casa por este motivo”.
El centro educativo, ubicado en la segunda planta del colegio Ruperto Chapí, fue sometido a una reforma en julio para instalar un ascensor y renovar los baños y las ventanas interiores dentro de las actuaciones locales del plan Edificant.
El plazo de la licitación estaba fechado para noviembre, si bien el personal del consistorio se comprometió con el equipo directivo a tener listos los baños, como mínimo, al inicio del curso. Aun así, el alumnado empezó las clases el 16 de septiembre sin los baños operativos.
El contrato con la empresa constructora fue prorrogado hasta principios de enero, si bien durante semanas las obras quedaron paralizadas. A días de hoy, los aseos siguen sin disponer de jaboneras, espejos ni dispensadores de papel higiénico.
Durante estos meses, el equipo directivo del centro educativo y los responsables de la asociación han intentado contactar con las concejalías de Obras y de Educación para obtener información sobre la demora, sin obtener respuestas concretas.
Asimismo, denuncian la falta de supervisión regular por parte del ayuntamiento y un intermediario a quien dirigirse. “A malas penas los técnicos se han personado y hoy desconocemos los motivos por los cuales todavía no se ha concedido el certificado de final de obra”, expresa Vicenta Sarrió, actual directora de la EPA y docente.
“Da la sensación de que se están pasando la pelota entre los técnicos y los políticos”, lamenta Rosario Belda, actual presidenta de la Asociación de Alumnos y Alumnas Arco Iris. “Desde la asociación, estamos indignados de ver que no se llega a ninguna parte”.
Imagen de las obras / EPA Arc
Imagen de las obras / EPA Arc
Petición insatisfecha durante años.
La presencia de un mecanismo elevador es una larga reivindicación del centro y la asociación de alumnos ya que, desde su traslado al edificio escolar, en 2005, nunca ha contado con medios para facilitar el acceso al alumnado con movilidad reducida.
“Lo paso muy mal para subir y bajar las escaleras”, relata Verónica Navarro, una alumna con una discapacidad reconocida de más del 80%. Aún con la ayuda de otra persona, Verónica necesita diez minutos para superar los veinte peldaños que distan entre las dos plantas.
“En el siglo XXI y con las normativas actuales sobre accesibilidad en los edificios, no tiene lógica que un centro educativo no disponga de ascensor”, exclama la presidenta de la asociación.
Aparte de la paralización de las obras, la asociación y el equipo directivo denuncia deficiencias en las obras ejecutadas. La barandilla para subir la rampa está parcialmente suelta, faltan cristales superiores en la puerta principal, algunos baños han sido precintados porque no funcionan y el mecanismo para pedir ayuda en el aseo adaptado no cumple su función.
“Menuda chapuza”, se escucha por los pasillos habitualmente. “Es inconcebible que un edificio público se encuentre en estas condiciones”, dice tajante Mariola Montosa, secretaria y docente de la EPA. “Es una falta de respeto hacia los ciudadanos, que merecen unas instalaciones dignas”.
