Un juzgado desestima el recurso de los propietarios del Sidi Saler y avala que el Ayuntamiento de València no le concediera las licencias para su reapertura

València

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia ha desestimado el recurso presentado por las empresas propietarias del edificio del Sidi Saler contra las resoluciones del Ayuntamiento de València durante la etapa del anterior gobierno progresista que denegaron las licencias de obras y de actividad para la rehabilitación de este inmueble y la reapertura del hotel.

La sentencia dictada ayer y a la que ha tenido acceso la Cadena SER, da la razón al consistorio y a Acció Ecologista-Agró, que se personó en la causa.

Hay que recordar que el hotel Sidi Saler fue construido hace 50 años, pero lleva cerrado desde hace 13 años. En septiembre de 2019 las nuevas propietarias del inmueble, Divarian Propiedad S.A. y Coral Hombres S.L., solicitaron al Ayuntamiento las licencias de obra y ambiental, pero fueron denegadas porque el edificio está en situación de fuera de ordenación al tener seis plantas cuando en el Plan General de Ordenación Urbana figura que solo puede tener dos alturas.

Además, esta ubicado en un espacio natural protegido, el Parque Natural de l'Albufera y dentro del dominio público marítimo-terrestre, en la misma playa de la Garrofera, sobre el mismo cordón dunar.

Todos estos motivos llevaron al entonces gobierno local de Compromís y PSPV a determinar que se trataba de un edificio fuera de ordenación sustantivo y por tanto, solo se puede conceder licencia para obras consideradas menores. Pero los trabajos para los que se pedía licencia excedían lo establecido en la normativa urbanística, eran equivalentes a una reestructuración total y, por lo tanto, no podían ser autorizadas.

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Las dos empresas presentaron un recurso en mayo de 2023 y ahora ese recurso ha sido desestimado al considerar ajustados a derecho los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento y Acció Ecologista Agró. El tribunal impone el pago de las costas procesales a las propietarias del Sidi Saler, aunque la sentencia puede ser recurrida en apelación en un plazo de 15 días.

Antecedentes judiciales en un hotel 'okupado'

Hay que recordar que en octubre del pasado año el juzgado número 5 de lo contencioso-administrativo de Valencia ya rechazó otro recurso interpuesto por las empresas propietarias del hotel Sidi Saler ante la resolución del Ayuntamiento que declaraba la caducidad de la licencia de actividad del hotel.

Una sentencia que se conocía tan solo unos días después del incendio registrado en una habitación de este edificio, un suceso que llevó a la alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicar que se debía dar una salida a este inmueble, sobre todo después de que los vecinos alertaran también de la presencia de 'okupas', que trataron de ser expulsados por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Ahora bien, hay que recordar que la ley autonómica es muy laxa en lo que se refiere a los edificios fuera de ordenación y deja en manos de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios la decisión del grado de protección y la capacidad de conceder licencias de actividad sobre estos inmuebles.

¿Modificación a la carta para reabrir el Sidi?

Precisamente el gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para modificar la normativa urbanística, algo que desde Compromís calificaron como una "maniobra" para desproteger la Devesa-Albufera y reabrir el hotel Sidi Saler.

En concreto, según Compromís, se quiere eliminar la referencia a la protección de los espacios naturales y, por tanto, el Sidi Saler dejaría de estar considerado fuera de ordenación sustantiva, lo que permitiría volver a construir allí. También se cambiaría la definición de obras de conservación y ya no se permitiría realizar solo reformas menores, sino también trabajos más importantes si el Ayuntamiento lo considera oportuno.

Pero desde el gobierno local el concejal de Urbanismo, Juan Giner, explicaba que lo único que se está realizando es adaptar las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana a la actual ley autonómica de urbanismo.

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