La Guardia Civil investiga a veinte personas por los asentamientos ilegales en las pedanías de Alicante
La Benemérita les acusa de presuntos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio. También se investiga la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular para construir las edificaciones ilegales
Alicante
La Guardia Civil investiga a catorce hombres y seis mujeres, además de una persona jurídica, por supuestas construcciones ilegales en suelo protegido en el término municipal de Alicante y que denunciaron los vecinos de las partidas rurales. Se les investiga por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos en el marco de la operación 'Insidias 2', dirigida a desmantelar un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable en la que, además, se contrataba ilegalmente a trabajadores extranjeros en situación irregular.
La investigación desarrollada por el SEPRONA de Alicante arrancó tras detectar la parcelación y construcción en una finca rústica ubicada en zona protegida e inundable donde no está permitida la edificación. Se descubrió que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas, con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin licencia urbanística.
La finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores y se ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal.
Contratación de extranjeros irregulares
Y no queda ahí. También se ha identificado a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales. Constructor que empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España sin ningún tipo de medida de protección laboral. Además, en varios casos, no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
A los investigados y a la persona jurídica se les imputan los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, de lo cual se ha dado conocimiento a los juzgados de Alicante.
Los vecinos critican la inacción municipal
Los vecinos de Cañada del Fenollar, que fueron los que alertaron de este asunto y denunciaron ante el SEPRONA, se felicitan porque la Guardia Civil haya actuado con celeridad "para defender nuestro territorio y la regulación urbanística", pero critican la inacción del Ayuntamiento de Alicante en todo este asunto.
El secretario de la asociación vecinal, José Cremades, pide a la Concejalía de Urbanismo que tome cartas en el asunto y precinte el resto de asentamientos irregulares que están proliferando en las partidas rurales.
José Cremades, secretario de la A.V. Cañada del Fenollar, critica la inacción municipal con respecto a los asentamientos ilegales de las partidas rurales de Alicante
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El Ayuntamiento trabaja en un plan de erradicación
Por su parte, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Alicante ha destacado que trabaja, en colaboración con el SEPRONA y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), en un plan de erradicación de este tipo de asentamientos irregulares en zonas inundables del municipio. En este sentido, asegura que se han notificado cinco decretos de suspensión de obras de reparcelación en dichos asentamientos y hay otros dos más que se remitirán en los próximos días.
Además, el Consistorio ultima la tramitación del expediente referente a la operación sobre la que ha informado hoy el SEPRONA y el correspondiente decreto de suspensión de obras se emitirá en breve, así como el informe técnico que se enviará a la AVPT, que tiene la competencia para tramitar el expediente de restauración urbanística de la legalidad.
En estos momentos existen en Urbanismo 42 expedientes abiertos por infracciones de este tipo. Para todos ellos, apunta el Ayuntamiento, se emitirán los correspondientes decretos de suspensión de obras.