Un funcionario de l'Alfàs del Pi, culpable por pedir 2.000 euros a cambio de una licencia en el mercadillo
El otro acusado ha sido declarado inocente por el jurado popular
El mercadillo de l'Alfàs en una imagen de archivo / Welcome l'Alfàs
L'Alfàs del Pi
Un jurado popular ha emitido este miércoles un veredicto de culpabilidad para uno de los dos funcionarios del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi juzgados en la Audiencia de Alicante por solicitar 2.000 euros a un vendedor como condición para disponer de una licencia permanente en la que poder instalarse en el mercadillo.
El jurado ha considerado probado por siete votos a dos que este acusado sí demandó el pago de ese dinero, al considerar los elementos de prueba aportados en el proceso como la conversación grabada por el comerciante afectado, que presentó denuncia ante la Guardia Civil, así como su propio testimonio.
Más información
Sin embargo, el veredicto exculpa al segundo funcionario juzgado por los mismos hechos, a quien se ha considerado inocente de la comisión del delito de cohecho que también se le atribuía. En este caso, la decisión se ha adoptado por ocho votos a uno.
Los dos procesados habían negado la comisión del delito durante la celebración del juicio, aunque solo el funcionario exculpado llegó a prestar declaración para responder a todas las preguntas que se le formularon. El acusado considerado culpable se acogió a su derecho a no prestar declaración.
Tras la lectura de la decisión del jurado, la Fiscalía ha mantenido los términos de su acusación y ha persistido en su petición inicial para que se condene al procesado declarado culpable a la pena de tres años y seis meses de prisión.
Atenuantes
Por su parte, la defensa del acusado considerado culpable, ejercida por el letrado Francisco González, ha expresado su confianza en que la sentencia tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, toda vez que han transcurrido nueve años desde que se produjeron los hechos objeto de juicio, sin que esa demora pueda ser atribuible a maniobras dilatorias por parte de las defensas, según ha argumentado.
Es más, ha expuesto que fue la Fiscalía quien interpuso recurso frente a la decisión del Juzgado de Instrucción de Benidorm, que consideró que el proceso debía seguirse ante un tribunal profesional, y no por el sistema del tribunal del jurado, al interpretar el presunto delito como una estafa y no como un cohecho.
Las defensas se opusieron a ese recurso, aunque finalmente se mantuvo la posición formulada por la acusación pública y se concluyó que debía enjuiciarse a los dos funcionarios por el procedimiento del tribunal del jurado.
Los hechos juzgados se remontan al mes de mayo de 2015. La petición del pago se habría producido después de que el vendedor hubiese pedido el permiso en dos ocasiones anteriores y de que su solicitud no hubiese quedado atendida desde enero de ese mismo año.
El comerciante presuntamente perjudicado, que inicialmente había accedido a pagar ese soborno, cambió de parecer al recibir presuntas presiones para que lo hiciese efectivo,y decidió interponer denuncia ante la Guardia Civil, que acompañó con la grabación de dos conversaciones telefónicas mantenidas con uno de los dos funcionarios, en la que se hablaría de la entrega de ese dinero. Con todo, finalmente ese pago no se produjo, ya que la denuncia dio pie al arresto de los dos funcionarios.
El proceso queda ahora pendiente del dictado de la sentencia.
