Mari Carmen de España y Adrián Santos defienden la legalidad del proyecto del Centro de Inteligencia del Agua de Alicante ante el juzgado
La responsable de la ADE y el exedil de Urbanismo con el bipartito han declarado como investigados en el Juzgado de Instrucción número 3
Centro de Inteligencia del Agua. Foto: Ayuntamiento de Alicante
Alicante
Este miércoles se han iniciado las comparecencias judiciales por las presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Inteligencia del Agua en la calle Italia. Jornada con peso político porque han declarado como investigados la edil Mari Carmen de España, responsable de la Agencia de Desarrollo Económico, y Adrián Santos Pérez, exedil de Urbanismo de Ciudadanos en el anterior gobierno bipartito. Ambos han mantenido que actuaron siempre bajo la legalidad municipal y con el visto bueno de los informes técnicos y jurídicos, según ha podido saber Radio Alicante.
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El primero en declarar ha sido Adrián Santos Pérez, lo ha hecho por videoconferencia ya que actualmente no reside en España por cuestiones laborales. Después ha sido el turno de la concejala Mari Carmen de España, quien se marchaba del palacio de Justicia sin hacer declaraciones. Según ha podido saber Radio Alicante, De España no ha respondido a las preguntas de la acusación del Grupo Municipal Socialista y sí a las del juez y Fiscal Anticorrupción sobre cuestiones técnicas y plazos del proyecto.
Se ha insistido en que todo se realizó de forma correcta y con los informes jurídicos avalando la actuación. También que el uso al que iba destinado el Centro de Inteligencia del Agua era formativo y docente. El último en declarar ha sido el técnico municipal Manuel Amorós.
Uno de los puntos importantes que se ha tratado de dilucidar es qué es un expediente de adscripción, un expediente de compatibilidad urbanística y lo que es una petición de licencia. También se ha preguntado sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que se hizo después.
Fiscalía, recordamos remitió, al juzgado la investigación al ubicarse este proyecto en una parcela calificada como de uso docente. El PP cambió la modificación el pasado septiembre.
La denuncia partió del Partido Socialista, cuya portavoz Ana Barceló y la edil Trini Amorós ya declararon en Fiscalía. El próximo 25 de noviembre, Barceló deberá hacerlo en calidad de testigo ante la titular del Juzgado número 3 de Alicante.
