El alcalde asegura que en Alicante "no se ha llegado" al techo en alquiler vacacional y Compromís le recrimina que la mitad de pisos se compren para especular
Para Barcala el problema está en la Ley estatal de la Vivienda, que califica de "chapuza", mientras la coalición le exige aplicarla
Imagen de dos cajetines para guardar llaves de pisos turísticos en el casco Antiguo de Alicante / Elena Escudero Aznar
Alicante
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha participado en el cuarto Foro Económico El Español, ha aprovechado para defender al sector turístico que "rompe récords de forma sistemática", frente al fenómeno de la turismofobia.
Ha puesto el ejemplo de buen hacer turístico el que el mercado británico haya aumentado un 37% en la ciudad de Alicante fuera de temporada alta. Esto pone de manifiesto el peso que tiene el turismo, ha dicho, para una ciudad que basa su economía en los servicios.
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Y ha cargado contra el fenómeno de la turismofobia. "No existe", ha incidido; "es ficticio e interesado y se debe a banderas políticas". El interés está en poder responsabilizar de los problemas de la vivienda a los apartamentos turísticos. Según la cátedra de Turismo de la UA y el Ayuntamiento, Alicante "no ha tocado el techo y no son el problema".
Para Barcala el problema está en la Ley estatal de la Vivienda. No obstante, reconoce que hay un movimiento social real que existe ante "un problema real de vivienda". De ahí la importancia del Plan Vive y esos 8 solares que promocionarán vivienda protegida, además de los planes parciales promovidos desde el Ayuntamiento para crear 2.500 viviendas sociales.
Luis Barcala, alcalde de Alicante: "La campaña turismofóbica es ficticia, el problema es la Ley de Vivienda"
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En cuanto a política de vivienda el primer edil ha recordado que la Generalitat Valenciana continúa estudiando los ocho solares que el Ayuntamiento de Alicante ha cedido para implementar el plan Vive de impulso a la vivienda pública autonómica.
También que hay además 6.000 viviendas planteadas por el consistorio, con la "reactivación" de planes parciales, de las que 2.500 deberán ser sociales. El plazo de construcción, 3 o 4 años ha dicho.
Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha remarcado que en los próximos meses habrá decisiones que condicionarán las políticas en vivienda.
Ha citado el decreto de Vivienda de Protección Pública, que contempla un módulo dinámico de fijación de precios pionero en España y de actualización anual. Tendrá topado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias para hacerlo.
Compromís pide a Mazón y Barcala que apliquen la ley y dejen de ponerse del lado de la especulación
Compromís, por su parte, ha exigido tanto al president Mazón como al alcalde de Alicante que apliquen en la ciudad la ley que tanto consideran "una chapuza", dicen.
Ahora mismo, afirma el portavoz municipal, Rafa Mas, cinco de cada diez viviendas son compradas en la ciudad para especular y la manifestación de este fin de semana ha demostrado que el problema de los desorbitados alquileres es "un clamor" para la ciudadanía.
Rafa Mas, edil de Compromís, sobre la turistificación y la aplicación de zona tensionada
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Únicamente están contabilizadas siete inspecciones en Elche o 105 en toda Alicante, "cifras ridículas", añade la diputada en Corts Isaura Navarro, para una provincia donde se concentran más de 60.000 alojamientos turísticos. Y todo controlado por nueve inspectores, de los cuales solo seis están a pie de calle, una
Tampoco se ofrecen datos de sanciones, cuando solo la coalición ha puesto en manos de la edil y el alcalde 400 denuncias en Alicante capital, señalan.
Alicante y Málaga, aseguran, están siendo "punta de lanza en esa especulación" y lo que se debe hacer es permitir solo la compra de vivienda para uso residencial.
Mas ha recordado su ultimátum al alcalde de romper toda negociación de cara a los presupuestos, si Barcala no acepta intervenir el mercado del alquiler, poner fin a los pisos turísticos, subir las tasas a los pisos vacíos y ofrecer garantías a los pequeños propietarios que saquen vivienda al alquiler.