Política
ANÁLISIS

Zaplana: el 'campeón' destronado por los amaños y las mordidas

Amigos como 'Pachano' llegaron a acuerdos clave con la Fiscalía para que se dictara la sentencia condenatoria

VALENCIA, 15/10/2024.- Fotografía de archivo (09/05/2024), del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana que ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque (EFE)

VALENCIA, 15/10/2024.- Fotografía de archivo (09/05/2024), del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana que ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. EFE/Manuel Bruque

Valencia

El 'via crucis' de Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández Soro, 'el campeón', como le apodaban amigos y conocidos, se inició en 2018 cuando fue detenido en el marco de una investigación que se inició en 2015. Entre rejas estuvo 259 días (51 de ellos ingresado en La Fe por la leucemia que sufre desde hace años). Por esa enfermedad, su defensa pidió hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad provisional pero la jueza y el fiscal no acordaron admitirla hasta que no se recuperó parte de los fondos que Zaplana manejaba en el extranjero en una operación que logró repatriar cerca de 7 millones. Era el preludio de un juicio que nacía accidentado pues se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones. La primera, el pasado 9 de enero, por enfermedad del fiscal Anticorrupción y, la segunda, el 1 de febrero por enfermedad del abogado el expresidente.

El caso es que pronto se oscureció el futuro judicial de Zaplana, pues se daba por hecho que cuatro acusados de calado habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para tirar de la manta. Algo que se confirmaba a medida que comparecían a declarar. Como Joaquín Miguel Barceló, también conocido como 'Pachano', uno de los amigos más cercanos de Eduardo Zaplana y supuesto testaferro, que en la tercera sesión del juicio dijo que por orden de Zaplana, viajó a Luxemburgo junto a los hermanos Cotino para poner a su nombre los fondos por la "mordida" de la privatización de las ITV. La declaración fue demoledora para Don Eduardo, como le llamaban sus amigos. Barceló explicó al fiscal que Zaplana le dijo que se había encontrado con un dinero que no esperaba: "me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política y no podía. Me dijo que era una operación transparente y lícita y lo hice por amistad". "Fuimos a Luxemburgo en un avión privado con los hermanos Cotino (Vicente y José, dueños de la firma Sedesa). Allí nos entrevistamos con Beatriz García Paesa (sobrina del espía Francisco Paesa) y firmé un papel. Me enteré de que en esa cuenta no había 2,5 millones sino 6,5 cuando entró la UCO en mi casa", agregó.

Los Cotino

Los mencionados Vicente y José Cotino eran los sobrinos del fallecido exconseller y ex director general de la Policía bajo el gobienro de José María Aznar, Juan Cotino. Ellos confirmaron que pagaron una comisión a Zaplana por la adjudicación amañada de las ITV, privatizadas en 1997 por el Ejecutivo valenciano del PP, que Juan Francisco García, quien fuera jefe de Gabinete de Zaplana, reconfirmaba en su turno de declaración. Dijo que fue Juan Cotino, "en presencia de Zaplana, quien se dirigió a él para amañar el pliego. Y aseguró que a finales de 2004 cuando vende el grupo Sedesa la adjudicataria de las ITV, fue Vicente Cotino quien le transmitió que por indicación de su tío Juan (Juan Cotino) los fondos del 30% de las plusvalías, de 86,5 millones, serían para ellos".

García reconocía que "Juan Cotino, en ese momento director general de la policía, me transmite el especial interés del grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicataria. Entonces vamos revisando un poco posibilidades, la orientación que iban a tener los pliegos de condiciones de dicho contrato". También admitió que fue Cotino, "una vez cerrada la adjudicación (en 1997), quien le ofreció un 30 % de los beneficios de la operación (las plusvalías que obtuvo Sedesa con la venta de la firma adjudicataria de la gestión de las ITV), que finalmente obtuvo en 2004 con la transmisión de la titularidad de una empresa radicada en Luxemburgo (Fenix) constituida años antes por los Cotino". Juan Cotino en ese momento era director general de la Policía con José María Aznar como presidente del Gobierno.

Sumas de dinero que, en parte, fueron incrementando el patrimonio de Zaplana, como recoge la sentencia. "Este dinero no podía proceder de su salario como político, dadas las cuantías", "El dinero lo obtuvo haciendo uso de su condición de político", dice la sentencia. Algunas afirmaciones que constan en la valoración de una de las pruebas, donde se da por cierto, que, por parte de Zaplana y de su organización, crearon la estructura societaria de Panamá y de cuentas bancarias en Andorra. "Su conducta delictiva continuó una vez abandonada la política", apunta el fallo indicando que siguió su actividad cuando fue fichado por Telefónica donde llegó a ganar cerca de un millón al año desde 2008 hasta que fue suspendido en 2018. Mínimo 10 millones de euros.

Los papeles del sirio

Por otra parte, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia dedica un apartado de la sentencia a los documentos denominados 'hoja de ruta' de la causa: los también llamados 'papeles del sirio' que fueron intervenidos en un registro en el despacho del abogado de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', al que se los proporcionó un ciudadano de esa nacionalidad y que vivió en un piso que había sido propiedad del exministro.

Según el tribunal, el "hallazgo casual lícito" de esos documentos --alusivos al Plan Eólico de la Comunitat Valenciana-- "sirve de punto de partida de la investigación policial y posteriormente de la instrucción de la causa, con un valor de denuncia anónima". No obstante, señala que esos papeles "mal llamados 'hoja de ruta'", tienen "nula relevancia" en la sentencia del caso, ya que lo que determina el relato de hechos probados y los consecuentes pronunciamientos de la resolución es la valoración "racional y conjunta de la prueba propuesta y admitida en el plenario y no el relato contenido en los mismos". Así lo señala en la sentencia, consultada por Europa Press, y en la que hace un repaso a la historia de esos documentos de cuya existencia se supo a raíz de una entrada y registro en el despacho de abogados de Benavent en relación con la investigación de la causa Imelsa, que instruía un juzgado de València, y que fueron a reparto y acabaron siendo el origen de este caso.

La documentación relevante para la causa de Imelsa la trasladó al despacho de abogados la familia de Marcos Benavent. Los agentes que participaron en el registro explicaron cómo se llevó a cabo, en presencia del letrado, que no puso objeción. Estos extremos los corroboró otro abogado colaborador en la defensa de Benavent y el titular del despacho. Se trata de cinco hojas a máquinas con tachaduras y un recorte de periódico de fecha 3 de noviembre, con una noticia relativa a la concesión de los parques eólicos, de 28 de noviembre de 2003. Los guardias civiles declararon que Benavent aseguró que esos documentos se los había entregado un ciudadano sirio que, a su vez, los había hallado en un hueco de la pared del dormitorio principal de la vivienda en la que había vivido en alquiler entre 2008 y 2015 y que con anterioridad, hasta 2006, había pertenecido a Zaplana.

La sala destaca que el ciudadano sirio siempre mantuvo su versión de los hechos y que conocía a Benavent porque había acudido a actos del Ayuntamiento y la Generalitat por ser responsable de la comunidad árabe. Si bien, subraya que el exgerente de Imelsa contradijo parcialmente a este testigo sobre el lugar en el que se encontraron los papeles --"se lo inventaron", dijo--.

Para la sala, "de lo que no cabe la menor duda" es de que el ciudadano sirio los entregó a Benavent, quien cambió su declaración en el plenario frente a lo que había manifestado en instrucción alegando que ese día "no estaba en condiciones mentales ni físicas" para declarar y fue "obligado" a ello.

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