El Gobierno insta a la Generalitat a reunirse para abordar la retirada de la ley valenciana de concordia al considerarla inconstitucional
El ministerio de Política Territorial envía una carta a presidencia de la Generalitat pidiéndole que diga, antes del lunes 30, si acepta o no sentarse a negociar
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Javier Lizón / Javier Lizón (EFE)
València
Este miércoles el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido a la Generalitat Valenciana un escrito proponiéndole iniciar el proceso de negociación relativo a la retirada de la ley valenciana de concordia, un procedimiento establecido por ley antes de dar el paso de llevar el asunto al Constitucional.
En una carta a la que ha tenido acceso la Cadena SER el ministerio sostiene que la ley valenciana, al igual que la planteada por Aragón y suspendida por el Tribunal Constitucional, invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución. En ese sentido explican que, "una vez estudiada la ley valenciana resultan claras las similitudes con la Ley de Aragón ya impugnada".
Segura en el escrito que las similitudes se traducen "en la derogación de un régimen jurídico autonómico en materia de memoria democrática que estaba, en ambos casos, alineada con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de memoria democrática", y su sustitución por otras normas que "recortan la esfera de derechos y protección a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, impidiendo además con todo ello la plena efectividad de la normativa estatal en numerosos ámbitos de competencia autonómica y local".
No solo eso. Según el ministerio, la ley valenciana de concordia "interfiere con competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos". El concepto de víctima, el derecho a la verdad y el derecho de a la reparación "quedan comprometidos con esta Ley", sostiene el departamento de Víctor Ángel Torres.
Otro de los argumentos que esgrime el ministerio es que "se aprecia la confrontación directa entre esta ley y aspectos importantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Tercera Convención de Ginebra y la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que estableció el estatuto jurídico público de víctimas de graves violaciones de derechos humanos".
Además, reitera que el artículo 10.2 de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce "se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España", algo que no respeta la Ley, dice el ministerio. Por eso, según confirman fuentes del ministerio, en caso de no aceptar la vía del diálogo o fracasar la negociación, el Gobierno de España presentará recurso ante el Constitucional.
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