Les Corts aprueban la subida salarial del 2% a los funcionarios con el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la oposición de Vox

valencia

Les Corts Valencianes han aprobado este jueves la subida salarial del 2% a los funcionarios y altos cargos de la Generalitat con el apoyo del PSPV y Compromís y la oposición del grupo Vox, que ha lamentado que se "meta en el mismo saco" a funcionarios y cargos políticos.

Así se ha acordado en la Diputación Permanente de Les Corts, en la que se ha aprobado, con el apoyo del PP, PSPV y Compromís y los votos en contra de Vox, el decreto ley 8/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la Ley 8/2023 de 27 de diciembre de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024. Los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) han pedido que la iniciativa se tramitara como proyecto de ley, pero ha sido rechazado por el PP y Vox.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha expuesto a los grupos que el real decreto contempla en su artículo 6 el incremento retributivo del personal del sector público para 2024, así como los criterios exigidos por el Estado relativos a los gastos de personal.

Además, la consellera ha indicado que esta medida se desarrolla para el cumplimiento del acuerdo marco para una administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022, que en el apartado de las retribuciones compromete al Gobierno con las organizaciones sindicales firmantes a un incremento salarial a lo largo de los tres ejercicios de referencia --2022, 2023 y 2024--. Para el año 2024, concretamente, el incremento salarial fijado será del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior.

Con el objetivo de trasladar esta medida al ámbito autonómico, el Consell, ha indicado Merino, "trae a esta cámara este decreto ley con el que pretende asegurar la actualización de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat en los términos previstos en la legislación básica estatal", ha dicho.

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"Si bien esta medida --ha añadido-- viene del Gobierno de la nación, no es menos cierto que este Consell está firmemente comprometido con la mejora de la calidad de los servicios públicos y con la mejora de la calidad y las condiciones laborales de los empleados públicos".

En esta línea, Merino ha explicado que el Consell se ha propuesto cumplir con la normativa europea y fijarse el objetivo de rebajar la temporalidad en el empleo público al 8%. Para ello se está elaborando un plan estadístico que, tras una fase de análisis de la situación actual, afrontará reformas estructurales para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Generalitat.

Al respecto, la diputada del PP Laura Chuliá ha pedido el apoyo de los grupos para convalidar el decreto que actualiza "por fin" las retribuciones de personas que "entregan su dedicación y carrera profesional al interés por lo público", ha destacado. También ha dicho que el decreto "cumple" con los requisitos legales exigidos, con los diferentes informes elaborados y la memoria económica.

Frente a estos argumentos, el diputado de Vox José María Llanos ha mostrado su oposición a la aprobación del decreto porque "una cosa es la carrera de funcionario público, cuyas retribuciones deben actualizarse, y otra son los políticos, los cargos públicos".

Al respecto, ha lamentado que "se mete en un mismo saco y se vinculen intencionadamente" las subidas de sueldos a funcionarios con el aumento de retribuciones "a los que tienen sencillamente un cargo político". "No hay que mezclarlos, y menos en un régimen retributivo igual para todos", ha apostillado.

"Nosotros --ha añadido-- estamos de acuerdo con que los funcionarios perciban un aumento de salario, pero no con que se utilicen como escudos humanos para camuflar lo que tenemos, que es un nuevo aumento del gasto político", ha aseverado.

"Sin trabajadores públicos no hay democracia"

El diputado del PSPV Toni Gaspar ha señalado que su grupo apoyaba el decreto porque "sin trabajadores públicos no hay democracia" y porque están de acuerdo con lo acordado en el marco del diálogo social.

Por su parte, desde Compromís, el diputado Joan Baldoví ha afirmado que su grupo votaba a favor del decreto porque no querían "hacer pagar a los trabajadores públicos el precio de la hipocresía del PP". No obstante, ha anunciado que iban a exigir que se tramitara la iniciativa como proyecto de ley incluyendo como enmienda la homologación salarial de los 15.000 trabajadores de Servicios Sociales ya pactada con los sindicatos.

Sí de Vox al decreto de viviendas turísticas

El PP y Vox han aprobado este jueves en Les Corts el nuevo decreto sobre viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana: "Responde a una demanda social", ha afirmado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Nuria Montes.

Se trata del decreto ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, que ha sido aprobada con los votos del PP y Vox. Por su parte, PSPV y Compromís --que han pedido que se tramitara como proyecto de ley, sin éxito-- han votado en contra.

La consellera ha explicado en su comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts que hay que encontrar un "equilibrio" entre la convivencia y la actividad turística y, por este motivo, surge este decreto que "cuenta con el respaldo no solo de las principales organizaciones empresariales dedicadas al alojamiento turístico, sino también con organizaciones sindicales y representantes de consumidores", ha puesto como ejemplos.

Se trata de una norma, ha subrayado, que "responde a una demanda social" y que "no está hecha desde un despacho de espaldas al sector, sino que se ha desarrollado con el concurso del mismo", ha insistido.

La consellera se ha detenido en desgranar algunas de las principales medidas contempladas en la norma y, entre ellas, se ha referido a que se ha fijado la fecha del 31 de diciembre de 2024 para que se comunique la referencia catastral de todas las viviendas de uso turístico que quieran estar autorizadas. Las que no lo hagan causarán baja.

Además, el decreto, ha añadido, diferencia entre vivienda de uso turístico y el de otros alquileres de temporada. "Todo alquiler de diez días o menos, será turístico y quedará sujeto a la normativa autonómica. Por encima de diez días se regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos", ha dicho.

Asimismo, ha comentado que este decreto "refuerza" la autonomía de los ayuntamientos para que tengan capacidad de gestión y decisión en el modelo turístico más adecuado para su territorio. "Pensamos que los ayuntamientos --ha añadido-- podrán establecer limitaciones proporcionadas, objetivas, claras, inequívocas y que cuenten con la publicidad necesaria. Ya sabemos que hay ayuntamientos, muchos de ellos de diferentes signos políticos, que ya han anunciado medidas".

Otra novedad que contempla el decreto es la posibilidad de cesión de las competencias de inspección. "A partir de enero 2025, una vez depurado el registro, actualizaremos a los ayuntamientos información de las viviendas de uso turístico en sus municipios y cada tres meses actualizaremos información".

Por otro lado, ha dicho que las licencias de uso turístico de las viviendas dejarán de ser indefinidas y se someterán a una validez máxima de cinco años. Luego se podrán actualizar en función de las modificaciones que se hayan podido hacer en los ayuntamientos o en las comunidades de propietarios, ha señalado.

Por otro lado, la consellera ha indicado que en el caso de venta o transmisión de la propiedad, se perderá la licencia y el nuevo propietario tendrá que gestionar una nueva desde el inicio, sea cual sea la fecha de autorización concedida.

En materia de seguridad y convivencia también habrá "importantes novedades" como la posibilidad de establecer un reglamento de régimen interior en cada vivienda, cuyo incumplimiento de lugar a la terminación del contrato de alojamiento sin derecho a reembolso ni compensación alguna.

El diputado del PP Salvador Aguilella ha destacado que el decreto favorecerá un turismo "más sostenible, seguro, equilibrado y se dará más autonomía a los municipios", ha destacado.

Por su parte, desde Vox, el diputado David Muñoz ha afirmado que su grupo apoyaba el decreto ya que, "a diferencia de las nefastas políticas llevadas a cabo hasta ahora, puede que la regulación mejore en cierta medida o facilite la convivencia necesaria entre el derecho de propiedad y la función social de la vivienda", ha destacado.

"Empezamos mal"

Desde el PSPV, la diputada Mayte García ha afirmado: "Ya empezamos mal", y se ha referido a que el decreto cuenta con informes con reparos y a que "llega tarde". "Las aportaciones hechas no solucionan el problema de base, sino que lo acrecientan", ha subrayado.

"Hacen falta --ha añadido-- muchas otras medidas pero ninguna pasa por hacer lo que han hecho ustedes, como recortar presupuestos contra el intrusismo", ha apostillado.

Y se ha preguntado: "¿Por qué no han informado antes de esto?; ¿por qué han tardado tanto tiempo en presentarlo?; ¿por qué se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Abogacía de la Generalitat?; ¿por qué no se ha consultado con el principal partido de la oposición?". El decreto, ha apostillado, "no soluciona el problema ni presenta medidas efectivas".

Por su parte, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha criticado algunas de las novedades del decreto como la renovación de licencia cada cinco años o los diez días de limitación. "Su decreto es un drama y lo mejor que pueden hacer es retirarlo o tramitarlo como proyecto de ley para poder arreglarlo", ha reclamado.