Seis médicos en Picassent para 2.100 reclusos: "El sistema de prisiones se está viniendo abajo"

València

De las 22 plazas de médicos que hay en la prisión de Picassent solo hay cubiertas seis, que atienden a los 2100 internos de una de las prisiones más llenas de España. Son datos del sindicato ACAIP, que denuncian el problema sanitario, pero también de seguridad que eso supone. Además, apuntan que no hay psiquiatras ni se les espera, porque no están incluidos en la relación de puestos de trabajo, y eso en un entorno donde hay muchos problemas de salud mental y adicciones.

Su portavoz, Alberto Téllez, explica que cada interno que tiene que ir a las urgencias de un hospital público, es decir, que tiene que salir de la prisión para ser atendido por un médico de urgencias, requiere una patrulla de la Guardia Civil. Y eso, dice, afecta a la seguridad, sobre todo en zonas rurales, porque para eso se retiran agentes de las calles por las que deben hacer sus labores de patrulla y vigilancia.

En concreto, en 2023 se dieron 681 salidas de urgencias a los hospitales, casi dos al día. En cuanto a las salidas programadas a consultas de los hospitales, que en algunos casos se podrían producir dentro de las cárceles si hubiera médicos suficientes, fueron en 2023 4.700, todas ellas acompañadas de su correspondiente escolta policial, y se produjeron 157 hospitalizaciones de reclusos. Ese hecho también afecta al funcionamiento de los hospitales, denuncia Alberto Téllez, porque, por motivos de seguridad, los internos son atendidos en las urgencias antes que el resto de personas, lo que contribuye a colapsar estos servicios.

Falta de psiquiatras

No solo eso sino que tampoco hay psiquiatras, ni siquiera está previsto que los haya, porque la relación de puestos de trabajo no los incluye. Eso en un entorno en el que son frecuentes las patologías mentales, las adicciones y las patologías duales y muchas veces la falta de profesionales, denuncia Téllez, hace que no se detecten a tiempo.

Es más, las adicciones, por ejemplo son causa frecuente de comisión de delitos por los que se termina en prisión, pero también agravan estas estancias en la cárcel, donde los internos con problemas de salud mental pueden generar altercados, agresiones o incluso ser más vulnerables a posibles radicalizaciones como de extrema derecha o yihadistas. La falta de psiquiatras se intenta paliar con convenios puntuales para que se pueda prestar esa atención de forma periódica pero no es suficiente.

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La falta de médicos es una constante, dice el portavoz del sindicato, motivada por las peores condiciones laborales de los médicos penitenciarios respecto a los que trabajan en centros de salud o el sistema público en general. Pueden llegar a cobrar 1.000 euros menos al mes y por eso, aunque se convocan plazas, nunca se cubren. La prisión de Picassent tiene 2.100 internos y desde ACAIP aseguran que la cifra es insostenible y que siguen produciéndose más ingresos que traslados. Asegura Alberto Téllez que, cuando la cifra ha bajado de los 2.000 las cosas han ido mejor durante un tiempo pero que la masificación no ayuda.

Instituciones Penitenciarias: "La prioridad es el traspaso de las competencias"

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que la línea prioritaria de trabajo es la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, no solo a la Comunitat Valenciana. Está marcada por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, una ley de 2003, pero solo se ha podido llevar a término en País Vasco, Cataluña y Navarra.

Mientras tanto, fuentes de esta institución aseguran que aparte de las convocatorias de ofertas de empleo, se han realizado dos convocatorias de interinos desde verano de 2023, por las que hay 40 trabajando en la sanidad penitenciaria española. Ahora, en 2024 se lanzará otra oferta de este tipo con otras 20 plazas. Eso, añaden, se complementa con otras medidas de refuerzo o de complemento como la posibilidad de guardias telemáticas.

Y esta transferencia de las competencias se la exige precisamente Compromís al president de la Generalitat, a Carlos Mazón. El diputado en el Congreso Alberto Ibáñez reclama que Mazón pida la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado para “abordar de forma urgente la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, así como el ingreso mínimo vital y el cercanías”.  Ibáñez cree que “la falta de personal sanitario en cárceles saturadas vulnera el derecho de las personas privadas de libertad y precariza la situación laboral de las exiguas plantillas”.

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