Ola de pisos turísticos en Elche: el municipio registra en solo ocho meses el 86% de todos los inscritos el pasado año
El municipio cuenta con un total de 933 viviendas de uso turístico que en un 67% están ubicadas en edificios o bloques de la periferia
Edificios en Elche
Elche
Elche no se escapa del incremento de viviendas turísticas que se están notificando en gran parte del país. El municipio, según el registro de Turisme Comunitat Valenciana, ha notificado en los primeros ocho meses de este año, 142 de estas viviendas con fines vacacionales o de ocio, lo que supone ya el 86% del total de todas las registradas durante el pasado año en el que se regularon hasta 165. De esta forma, Elche ya cuenta con 933 pisos turísticos legalizados que en su mayoría, un 90%, han sido inscritos desde el año 2017 de forma progresiva con un notable incremento desde el pasado 2022.
Gráfico del registro de viviendas turísticas en Elche
Gráfico del registro de viviendas turísticas en Elche
Gran parte de este alquiler vacacional se ubica en la periferia del municipio. El 67%, 628 de estas viviendas registradas, están situadas en el código postal 03195 que corresponde a las zonas de El Altet, Arenales del Sol, Balsares, Asprillas o la urbanización Los Limoneros y seguido, aunque de lejos, con el 7,9% ubicadas en La Marina, El Pinet y El Molar. El resto, en su mayoría, están distribuidas por la ciudad con el 4,1% entre el Pla y Pla Norte, el 3,3% en la zona centro, el 3,2% en el barrio de Carrús, 2,3% en Altabix. En lo que tiene que ver con el modelo de vivienda, 570 de las inscritas (61%) están habilitadas en un bloque o edificio, mientras que otras se han abierto en bungalós, adosados o chalés.
El Gobierno valenciano ha aprobado un decreto ley para la regulación de este tipo de negocios para lo que será necesario que los arrendadores renueven la licencia cada cinco años. Además, serán los ayuntamientos los que deberán limitar la apertura de alojamientos turísticos y establecer sanciones con nuevas infracciones graves. El decreto apuntala la seguridad jurídica de una actividad que ha crecido más de un 160 % desde 2015 en la Comunitat. Los municipios tendrán potestad para decidir qué modelo de ciudad quieren y la Generalitat podrá ceder a los ayuntamientos que lo soliciten la competencia de inspección, sanción y recaudación.
