La pesadilla de Antonia, una mujer octogenaria que debe devolver 24.000 euros a la Seguridad Social por una pensión que no sabía que no le correspondía
El abogado de la mujer denuncia el mal funcionamiento de la Administración y pide que al menos le permitan aplazar los pagos
València
Aureliano y Antonia son personas mayores, dependientes y cobraban sendas pensiones. La de él, por jubilación, de alrededor de 900 euros. La de ella, no contributiva y de invalidez, de poco más de 400, como explica su abogado, Óscar Pardo. La pensión de Antonia, al ser no contributiva, estaba sujeta a que la unidad familiar no superara determinado nivel de ingresos.
Pero con la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno de España superaron, sin saberlo, esa cantidad, y con ello Antonia ha perdido el derecho a su pensión, en lo que el abogado entiende como un mal funcionamiento de la Administración.
Merche (hija de Aureliano y Antonia) presenta el perfil de sus padres
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No solo eso, sino que la Seguridad Social le reclama que devuelva el dinero correspondiente a los meses en los que no debió cobrar esa pensión y siguió cobrándola: un total de 24.000 euros por cuatro años, que Antonia y Aureliano no pueden pagar. Y no pueden hacerlo porque, entre sus gastos, está el de pagar a una cuidadora profesional para Aureliano, que tiene reconocido un grado 2 de dependencia.
Es un gasto que, en teoría, debería poder pagar con el importe de la ayuda a la dependencia, que debería haber llegado desde hace un año, pero todavía no lo ha hecho, así que lo está pagando de su bolsillo. Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Igualdad explican que actualmente hay 7.820 personas en lista de espera de la dependencia a fecha 2 de mayo, y que en un 94,37% de los casos se ha ejecutado la ayuda. Aseguran que, si la tiene reconocida, la cobrará. Pero mientras tanto, está asumiendo el gasto.
Óscar Pardo (abogado de la familia) sobre la situación de Aureliano
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Su abogado ha presentado alegaciones a la resolución en la que la Seguridad Social exige a Antonia la devolución de 24.000 euros porque, además, no ofrece posibilidad de aplazar el pago. Es decir, tendría que pagarlo todo de golpe, lo que le resulta completamente imposible. Pardo explica que hay casos en los que se permite aplazar el pago en cuotas mensuales durante cinco años, pero aun así les quedarían para vivir menos de 500 euros al mes.
Óscar Pardo (abogado de la familia) denuncia el mal funcionamiento de la administración
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Y mientras tanto, Aureliano y Antonia no solo tienen que hacer frente a las consecuencias económicas de esta resolución, sino también a las psicológicas: al miedo, a la ansiedad y a problemas médicos.
Merche (hija de Aureliano y Antonia) destaca el impacto psicológico de la resolución
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