Rafael Fernández-Sirvent: “Una sociedad que se precie no puede permitirse una Ley de Concordia como la que pretenden PP y Vox en la Comunitat Valenciana”

Alicante

Investigadores de Humanidades Contemporáneas y de Historia de las Universidades de Alicante, Valencia y Castellón, piden a la sociedad civil que actué para que "la insensatez política y humana" de la proposición de Ley de la Concordia de PP y Vox -a punto de empezar el plazo de presentación de enmiendas en Les Corts- no salga adelante.

Así lo ha señalado en Hoy por Hoy Alicante Rafael Fernández-Sirvent, director del departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA, que ha insistido en que la actual Ley de Memoria Democrática ya busca la concordia y no tiene ningún sentido derogarla, salvo que el fin que pretenda sea el blanqueamiento de la represión franquista y retirar la cobertura legales y económicas a las asociaciones que trabajan por la reparación a las víctimas del franquismo, explica.

Y así lo han expresado en la declaración conjunta emitida de rechazo a esta ley, que consideran basada en "graves carencias científicas", fruto de una interpretación sesgada, dice, que "desoye los avances habidos en la reparación de la memoria histórica".

La tarea del historiador no es "honrar y proteger la historia de España", como "en un ejercicio de nacionalismo españolista rancio" recoge el texto de esa proposición, lamenta Fernández, sino la de "construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido". El deber de los historiadores, insiste, no es publicitar ni hacer propaganda de la historia, sino formar una ciudadanía crítica. Cabe dar a "conocer las glorias, pero también las miserias" para no repetirlas, apunta.

Fernández-Sirvent lamenta también que el texto recoja que nunca ha habido un retrato consensuado entre 1931 y 1977, lo que a su juicio evidencia un "claro desconocimiento" de que existe libertad de cátedra y pluralidad de interpretaciones, pero, aun así, hechos fundamentales y categorías en el siglo XX, como en otros siglos, y una "historiografía científica con conceptos sólidos", remata.

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"Es una falacia hablar de restaurar el equilibro perdido, porque nunca ha habido equilibrio". Recuerda que, hasta hace dos décadas, que es cuando la historia ha empezado a matizar a partir de las investigaciones académicas, "no había posibilidad de discrepancias, solo la memoria de "los caídos". En los años 70 ese desequilibrio se mantuvo y lo que no puede permitirse es que ahora, con esa nueva ley, se perpetúe ese desequilibrio.

Insiste en que la extrema derecha siempre ha pretendido justificar y legitimar el golpe de estado. Se habla de catástrofe de la II República, equiparándola a la Guerra Civil, cuando aquella fue la primera forma democrática en España, apunta. Y la conflictividad social y la polarización de esa etapa ya existía en la época de Alfonso XIII, por ejemplo.

Además, abunda en que la Ley de Concordia no consolidaría los derechos de las víctimas, ya que pretende igualar la represión franquista a otro tipo de violencias, como el terrorismo etarra, islámico... Se mezclan épocas y categorías históricas para alejar el foco de la guerra civil y del franquismo y diluir conceptos.

Avalan estos historiadores el reciente informe de Naciones Unidas, como "demoledor", además de "muy oportuno y procedente", que indica el camino a seguir en cuestión de memoria. Y advierten de que, si se aprobase, la tramitación de los procedimientos en memoria democrática, decaería de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación ya iniciados, y con ello todas las instituciones de carácter público autonómico, derivadas de la ley vigente.

En cuanto a la ley de secretos oficiales del año 68, el profesor recuerda los distintos intentos infructuosos para actualizarla y opina que la desclasificación de algunos asuntos sería crucial para el avance científico -como el tema de la represión o de las relaciones diplomáticas- y no supondría ningún peligro para el Estado dejar de mantener ocultos papeles de hace 50 o 70 años. De hecho, se da la paradoja de que los historiadores españoles conocen datos importantes gracias a la información que desclasifican otros países y temen que mucha de la documentación haya sido expurgada o totalmente eliminada.

"Una sociedad sin memoria es una sociedad enferma. Pasado y memoria jamás deben faltar en una sociedad democrática", remata.