El PSPV denuncia que València pierde dos millones de euros tras el "apagón" de las cámaras del APR de Ciutat Vella
El Gobierno local de María José Catalá tomó esa decisión desde octubre hasta diciembre del año 2023
Imagen de archivo del APR de Ciutat Vella, en València / Pilar Albelda Valls (Europa Press)
València
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciado el "desastre de gestión económica", según ha dicho, del gobierno de María José Catalá y asegura que el Ayuntamiento de València ha perdido casi dos millones de euros de recaudación de todas las infracciones del APR en Ciutat Vella desde octubre a diciembre de 2023, cuando el ejecutivo tomó la decisión de apagar las cámaras.
Según ha desvelado la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, la concejalía de Movilidad ha reconocido por escrito que todas las infracciones registradas por esas cámaras y que no se tradujeron en sanciones por ese apagón han prescrito.
Una "irresponsabilidad", según Gómez, sobre todo porque ayer mismo los técnicos de Bienestar Social denunciaban que esa cantidad es la que necesitan los servicios sociales para poder pagar a partir de septiembre todas las ayudas a las personas en riesgo de vulnerabilidad, del comedor escolar y de la protección de menores.
Sandra Gómez (PSPV): "Durante tres meses València ha perdido la recaudación de infracciones administrativas de personas que lo estaban haciendo mal, dos millones de euros, justo lo que le faltaría a Bienestar Social para cuadrar cuentas"
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"Como consecuencia de la mala gestión y de la estafa fiscal de la señora Catalá para perdonar 70 millones de euros a las personas que más tienen y a las grandes empresas, Servicios Sociales no puede garantizar que se puedan pagar las prestaciones a partir del próximo mes de septiembre", ha sentenciado Gómez.
"Irresponsabilidad presupuestaria"
Gómez ha incidido en que el "desastre de gestión económica" de Catalá se ha trasladado también a los presupuestos del Ayuntamiento de 2024 tras analizar la última modificación de créditos. "El PP votó en contra de las normas fiscales y esa irresponsabilidad tiene ahora una consecuencia directa y es que el Ayuntamiento no puede utilizar el superávit para financiar cuestiones presupuestarias", ha señalado minutos antes del pleno.
Gómez ha dicho que "esa modificación de crédito de 54 millones de euros ha agotado el crédito disponible, "lo que, además, de no dejar margen al Gobierno para atender las necesidades que surjan en los próximos meses, es claramente ilegal, tal y como ha puesto negro sobre blanco el informe de Intervención".
'Punto de vista' es la opinión de Julián Giménez
