Zaplana pide sin éxito que Erial, "como Púnica o Lezo", se vea en la Audiencia Nacional

València

Este jueves ha comenzado en la Sección cuarta de la Audiencia de Valencia, en la Ciudad de la Justicia, el juicio por el caso Erial, que juzga el supuesto cobro de comisiones por las adjudicaciones de ITV y el Plan Eólico. Se sientan en el banquillo de los acusados dos expresidents de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además de otras trece personas y cuatro empresas. Zaplana se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 19 años de cárcel por los delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación. El fiscal anticorrupción cifra en 20,6 millones de euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones. A su llegada a la Ciudad de la Justicia, acompañado por su abogado, por cuya enfermedad se suspendió el jucio que iba a empezar el pasado 1 de febrero, el también exministro ha dicho tener ganas de que empiece el proceso.

Zaplana ha acudido a los juzgados sobre las 9.45 horas acompañado de su abogado, quien sufrió una dolencia y su estado de salud obligó hace algo más de un mes a suspender por segunda vez el juicio contra Zaplana y otros 14 acusados --la primera vez fue por enfermedad del fiscal--. Tras fijarse un nuevo calendario, la vista ha arracado a las 10 horas de este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia --sesiones desde la Tirant-- con las cuestiones previas, que se prolongarán un día más, el viernes.

Ninguno de los acusados ha hecho más declaraciones a su llegada. La declaración de Zaplana está prevista para el 9 de abril. Al día siguiente, 10 de abril, será el turno de Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, el de Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados. El 16 declararán el exjefe de Gabinete del exministro, Juan Francisco García; le exsecretaria del 'expresident' Mitsouko Flerida Henríquez; los hermanos Vicente y José Cotino; y el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, y el 17 y el 18 las del resto.

Durante las cuestiones previas, el abogado de Eduardo Zaplana ha pedido la nulidad del juicio al entender que la competencia la tiene la Audiencia Nacional y no la Audiencia Provincial de Valencia porque, según el relato de la Fiscalía, el blanqueo y el cohecho se produjeron fuera de España, en Luxemburgo o en Andorra. Ha defendido que esa es la práctica habitual y no hacerlo así puede infringir el derecho al juez predeterminado por la ley. Ha citado, en este sentido, la nulidad en el caso Emarsa. A ello se han adherido las defensas de otros diez acusados, incluyendo Olivas. Desde el Ministerio Fiscal han manifestado su desacuerdo y han pedido que se rechace esa petición. Por una parte, ha defendido que la Audiencia Nacional tiene unas competencias restringidas, según la jurisdicción, y no puede ser un juzgado de guardia para llevar todos los asuntos de anticorrupción o antidroga. Por otra parte, ha añadido que los hechos se han producido en territorio valenciano, porque el acuerdo para cometer presuntamente cohecho o blanqueo se produjeron aquí, en València, aunque el pago se llevara a cabo fuera de España. El tribunal no ha aceptado la petición porque el delito principal de cohecho se cometió en València y el resto de delitos son una sucesión del primero.

"Hoja de ruta" y Fernando Belhot

Además, el letrado de Zaplana ha planteado la nulidad del hallazgo de la "llamada de forma pomposa y un poco rídicula", ha dicho, hoja de ruta. Cree que la entrada y registro en un despacho de abogados para incautarse de documentación vulneró derechos fundamentales de los investigados durante la fase de instrucción. Sobre los papeles, ha dicho que no tienen relación alguna con Zaplana y que se ha forzado esa relación diciendo que se encontraron en el altillo de su casa.

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En tercer lugar, el tribunal tampoco ha accedido a la exclusión del testimonio de uno de los testigos clave, el del letrado uruguayo Fernando Belhot, al que los investigadores consideran testaferro de Zaplana y que ha colaborado con la Justicia española para repatriar alrededor de 6,5 millones de euros obtenidos supuestamente a través de corruptelas. La iniciativa en este asunto la ha tomado el abogado de Francisco Grau, el considerado "financiero" de la supuesta trama corrupta y amigo de Zaplana, que ha insistido en que "Belhot, a pesar de haber hecho una declaración autoincriminatoria, no consta como investigado", y ha pedido que su testimonio se expulse del proceso.

El letrado de Francisco Grau -a quien se le pide una condena de 8 años de prisión en esta causa- ha insistido: "Nuestra legislación no contempla ningún acuerdo de exoneración total", y ha considerado que -con la condición de testigo de Belhot, en lugar de la procesado- "se está comprando una prueba incriminatoria". El presidente del tribunal finalmente ha desestimado la petición de expulsión de este testimonio y ha informado a las defensas de que lo fundamentará en la sentencia.

Calendario y peticiones de condena

Zaplana, para quien el fiscal pide 19 años de prisión, declarará el 9 de abril. Al día siguiente, 10 de abril, será el turno de Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, el de Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados. El 16 declararán el exjefe de Gabinete del exministro, Juan Francisco García; le exsecretaria del 'expresident' Mitsouko Flerida Henríquez; los hermanos Vicente y José Cotino; y el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, y el 17 y el 18 las del resto. A partir del 19 será el momento de los testigos propuestos por Fiscalía y el 26 por las defensas. Las declaraciones de los peritos no serán hasta el 15 y 16 de mayo. No obstante, el tribunal ha reservado sala para 13 días en junio y todo el mes de julio en días por concretar. En total, más de 40 sesiones de vista.

En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y como le reclama provisionalmente Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".

Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros). Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.

Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, --ella exdiputada del PP--, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.

Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.