Los agricultores alicantinos empiezan a recibir multas de hasta 1.200 euros por las tractoradas no comunicadas oficialmente
Desde la asociación agraria lamentan la "falta de sensibilidad" de las autoridades en un momento "crítico" para el sector y Subdelegación del Gobierno recuerda que pueden alegar
GRAFCVA8393. SAN ISIDRO DE ALBATERA (ALICANTE), 16/02/2024.- Agricultores de la comarca de la Vega Baja del Segura protestan en San Isidro de Albatera en una jornada donde las movilizaciones se concentran en la provincia y Santander. EFE / Manuel Lorenzo / Manuel Lorenzo (EFE)
Alicante
LA UNIÓ Llauradora ha pedido esta mañana una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ante las multas que están empezando a llegar ya a los agricultores alicantinos tras las tractoradas de las pasadas semanas
Son por cantidades y conceptos diferentes. Las recibidas por agricultores de Novelda, por 100 euros al participar en una concentración de vehículos y personas de carácter reivindicativo (en el ámbito agrícola) en varias vías públicas sin haberlo comunicado al organismo "competente".
Las que han llegado a los participantes en las protestas en el polígono industrial de La Granadina en San Isidro, suben a los 1.200 euros por "participar en una concentración no comunicada, impidiendo la salida de vehículos pesados y generando un colapso logístico en las diferentes empresas de alimentación mediante la obstrucción de la vía con diversos tractores".
El portavoz de la UNIÓ en Alicante, Alberto Travé, pide a las autoridades más sensibilidad y que "no se ensañasen aún más con ellos".
Alberto Travé, portavoz de la Unió en Alicante Es la puntilla que le faltaba al sector (2024-02-29)
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Por su parte, desde Subdelegación del Gobierno en Alicante remiten a la norma. Recuerdan que las Delegaciones del Gobierno ostentan la competencia y, por tanto, el deber de tramitar las denuncias por infracciones graves y leves de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana que formulan los agentes de la autoridad.
La tramitación de este tipo de procedimientos se realiza con las "garantías propias de la normativa vigente; entre otras, las de defensa del presunto infractor, a través de la presentación de alegaciones, que son valoradas en el seno del procedimiento, junto con las restantes circunstancias e informes obrantes en el expediente. Las sanciones impuestas por las Delegaciones del Gobierno son además recurribles, tanto en vía administrativa (como ha sido este caso), como en vía judicial, lo que completa las garantías jurídicas de este tipo de actuaciones".
