Fiscalía eleva a nueve años y dos meses la petición de cárcel para Grau por la presunta 'caja B' del PP

Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado hasta los nueve años y dos meses --solicitaba nueve-- la petición de cárcel para el que fuera vicealcalde de la ciudad de València, Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora Rita Barberá, por la presunta 'caja B' del PP, la pieza A del caso Imelsa.

Además, ha elevado la pena de cárcel para otros dos acusados, el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, para los que reclama cinco años y dos meses de prisión --inicialmente pedía cinco--. En total, la suma es de dos meses más para los tres acusados al añadirles el delito continuado de falsedad.

Por su parte, el fiscal mantiene la pena de un año de cárcel para la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, por un delito de cohecho. La acusación popular, ejercida por Compromís, se ha adherido a lo reclamado por el ministerio público. Por otro lado, las defensas han pedido la absolución para sus representados y, subsidiariamente, que se apliquen dilaciones indebidas muy cualificadas.

El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones --con algunas variaciones respecto a su escrito de calificación inicial-- en la novena sesión del juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra Grau, Santón, Salinas y García Fuster por una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.

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Fiscalía ha explicado que en su nuevo escrito de calificación se suprime el delito de blanqueo que figuraba inicialmente en la causa, el conocido como 'pitufeo', al archivarlo la Audiencia. Sí mantiene el delito continuado de malversación para Grau, Salinas y Santón y les añade el delito de falsedad documental. A Grau también le imputa un delito de cohecho y, a Fuster, otro delito de cohecho.

En relación con el delito de falsedad, el fiscal ha explicado que, tal y como expondrá en su informe el próximo lunes, diversos contratos cuestionados y que obran en el procedimiento se pagaron y no se realizaron los trabajos. "Es uno de los instrumentos para cometer la malversación", ha dicho. Además, el fiscal ha introducido en su escrito definitivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas puesto que la causa fue incoada por el juzgado en el año 2016, dos ejercicios más tarde, en 2018, Fiscalía solicitó una prórroga y no se practicó ninguna diligencia relevante hasta el auto de incoación en 2021. "Hay dilaciones no atribuibles a las defensas", ha aseverado.

Por otro lado, ha reclamado que se deduzca testimonio por posible delito de falso testimonio a un exasesor de Grau, testigo clave de la Fiscalía, por cambiar su versión en el juicio, que fue totalmente opuesta a lo que dijo ante la Guardia Civil y en la fase de instrucción. La acusación popular se ha sumado a lo reclamado por el fiscal mientras que las defensas han insistido en la absolución para sus representados añadiendo la atenuante de dilaciones indebidas. El lunes expondrán sus informes las acusaciones: Fiscalía y la acusación popular, mientras que el martes será el turno de las defensas.

La oposición pide explicaciones a Catalá

Tras conocer esta decisión de la Fiscalía la oposición en el Ayuntamiento de València ha pedido explicaciones a la alcaldesa María José Catalá. La portavoz de Compromís, Papi Robles insiste en que no pararán hasta que se devuelva hasta el último céntimo de euro.

Y la portavoz socialista, Sandra Gómez, pide a la alcaldesa Catalá una valoración sobre esa petición de cárcel a Alfonso Grau, sobre todo después de todos los gestos que ha realizado desde que es alcaldesa para defender el legado de Rita Barberá.

Catalá dice que confía en la acción de la justicia

Pero la alcaldesa María José Catalá se limita a indicar que respeta la acción de la justicia. Asegura que no puede entrar a valorar todos los procedimientos judiciales, más aún cuando lo que se juzga es algo que pasó hace mucho tiempo y que implica a personas que no forman parte de su equipo de trabajo.