València abrirá una oficina de atención a los inquilinos de Aumsa y estudiará "soluciones concretas" a sus alquileres

València

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Urbanismo y de la empresa municipal Aumsa, abrirá a partir de la próxima semana una oficina de atención a las personas que viven de alquiler en inmuebles de esta entidad pública con el fin de analizar la situación que cada uno plantee respecto a ese arrendamiento y ofrecer "soluciones concretas" y "personalizadas".

Así lo ha indicado este miércoles el edil de Urbanismo y presidente de Aumsa --Actuaciones Urbanas de València--, Juan Giner (PP), tras la comisión de Urbanismo celebrada en el consistorio, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal ha avanzado también que "se va a convocar un consejo de administración" de Aumsa "para el próximo viernes, 26 de enero", con el fin de "abordar de manera completa los alquileres asequibles de las viviendas municipales que le corresponden a esta empresa municipal".

En la comisión de Urbanismo, el PSPV-PSOE ha presentado una moción sobre los alquileres de este entidad pública. Giner ha señalado que se ha aprobado una moción alternativa planteada por el ejecutivo local --PP y Vox-- para abrir, a partir de la semana que viene, una oficina de atención a los inquilinos de estas viviendas.

El responsable municipal ha afirmado que se "estudiará personal e individualmente las situaciones de aquellos inquilinos que lo necesiten" y tener en cuenta si "sus circunstancias han variado y se encuentran en mayor vulnerabilidad" para poder "dar soluciones concretas de manera clara".

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Juan Giner ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa María José Catalá (PP), "desde que llegó al Ayuntamiento, no ha dejado de trabajar en uno de los compromisos" de la primera edil, "el de poner a disposición de la ciudadanía, durante esta legislatura, más de 1.000 viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana".

Giner ha apuntado que con esa finalidad se adquirió, en julio de 2023, el edificio de Safranar con 131 viviendas. Asimismo, ha resaltad que en agosto se mantuvo "una reunión con la Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana para potenciar la colaboración público-privada que permita la construcción de esas mil viviendas públicas".

"Queremos vivir dignamente"

Tras la comisión de Urbanismo, el portavoz de los inquilinos de Aumsa, Ximo Mora, ha pedido que el consistorio "permita vivir dignamente" en estas viviendas y que para aplicar el alquiler "se tenga en cuenta la renta" de cada familia, dado que entre ellas hay algunas con ingresos bajos que no pueden afrontar un incremento del arrendamiento.

Mora ha precisado que un alquiler asequible supone que a una familia no le cueste "más del 30% de su renta" y ha mostrado la "sorpresa" y "todo el sufrimiento" de estos vecinos al ver que los arrendamientos que pagan al Ayuntamiento "han aumentado de forma indiscriminada". Ha apuntado que hay familias que cobran 1.000 euros a las que el alquiler se le ha subido de 380 a 540 euros.

El representante de los inquilinos, que ha participado en la comisión de Urbanismo durante el debate de la moción socialista, ha valorado que el gobierno municipal esté "dispuesto a revisar la decisión de aumentar" estos alquileres, ha confiado en que así sea y ha señalado que habrá que esperar al próximo consejo de administración, además de insistir en que se mire "expediente por expediente".

Igualmente, ha resaltado la decisión de abrir una oficina de atención y ha reclamado que se siga el modelo de la Generalitat con la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), a la vez que ha solicitado que se reconozca como "interlocutores" a los representantes de los inquilinos. Estos vecinos, que ayer acordaron en asamblea no pagar la subida del alquiler por el momento, no descartan protestar ante el pleno del Ayuntamiento si las medidas que se anuncien el viernes no les convencen.

"No es una inmobiliaria"

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha censurado que el ejecutivo local deje "desamparadas" y "desprotegidas" a "las más de 500 familias afectadas por una subida del precio del alquiler en las viviendas municipales de Aumsa hecha con nocturnidad y de forma indiscriminada".

Robles ha precisado que "Aumsa no es una inmobiliaria sino un servicio público" y ha lamentado que Catalá "se niega a atender a familias que se han encontrado en el recibo del alquiler una subida de hasta 200 euros sin haber recibido ningún aviso previo", a la vez que ha dicho que eso "supone en muchos casos destinar más de un 50% de su renta personal a pagar la vivienda".

La representante de Compromís ha defendido una "prórroga del convenio con Aumsa mientras se negocia" y ha criticado, en un comunicado, que "PP y Vox hayan rechazado estas demandas en la Comisión de Urbanismo" y que se hayan decantado por "una moción alternativa que sólo remite al próximo consejo de administración".

Papi Robles ha recordado la moción que Compromís llevará al pleno para que se prorrogue, "con fecha 1 de febrero de 2024 y durante un año, el convenio entre Aumsa y sus inquilinos" y que se inicien "negociaciones para uno nuevo" que tenga "bonificaciones", que sea "plenamente participado por los representantes de los inquilinos --como "interlocutores"-- y tenga en cuenta "modelos de éxito como el de la EVHA".

"De un día para otro"

La portavoz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha censurado el "sablazo a los inquilinos" de Aumsa "con un incremento de hasta el 50% de los alquileres" de "un día para otro". Ha comentado que por el "capricho" del actual ejecutivo vecinos "que antes pagaban 350 euros al mes se han encontrado de forma sorpresiva en enero con una subida de 175 euros".

Gómez ha criticado la "falta de credibilidad" del gobierno de Catalá ante "un problema que afecta a 500 personas" y ha lamentado que haya optado por "frenar cualquier medida regulatoria". Respecto a la propuesta de Giner de analizar individualmente cada caso, ha preguntado "si lo que pretende el PP es una especie de favoritismo o mirar quién tiene el carnet del partido para pactar una rebaja" y ha pedido conocer los "criterios se van a seguir para esa solución individual y personalizada".