Un matrimonio octogenario de Aspe, a la espera de un desahucio que los deja sin casa y sin tierras
El hermano de la mujer fue quien les denunció por un presunto impago de un préstamos que estos afirman haber devuelto
Ramón y Teresa a las puertas de su vivienda en Aspe / Cedida
Elda
Ramón y Teresa son un matrimonio de 85 y 87 años respectivamente vecinos de Aspe y agricultores de uva de mesa embolsada del Vinalopó de toda la vida que están a la espera de un desahucio por orden judicial.
Con la crisis, el matrimonio tuvo que pedir un préstamo al hermano de Teresa que, según afirman, fue devuelto. La palabra de unos contra la de otros, motivó a que su familiar interpusiera una denuncia en 2019 ordenándose por parte del Juzgado de Novelda, la orden de desahucio para el próximo 24 de mayo.
El matrimonio lo pierde todo, tierras y vivienda y, no pueden marcharse a otro lugar. El Ayuntamiento de Aspe presentó dos informes ante la justicia en el que se confirmaban que en la localidad no era posible proporcionarles una vivienda social al no disponibles y que, además, tenían una alta vulnerabilidad.
El pasado 21 de abril la jueza emitió la orden resolviendo no proceder a acordar la suspensión del lanzamiento señalado.
Una situación de urgencia que ha llevado, inclusión a la asociación SOS Agricultores a implicarse y promover un vídeo donde cuentan la historia de estos octogenarios e invitan a la ciudadanía a una manifestación en Madrid donde, entre otras cuestiones, pedirán solución para el matrimonio. Un matrimonio que tiene claro que “no se van a mover de su casa”.
Teresa Erchiga, mujer que, junto a su marido, podrían ser desahuciados
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Los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este medio de comunicación establecen que, en 2019 se interpuso una demanda por un hermano de la mujer, propietario de la finca que alega que les había permitido vivir allí sin pagar rentas desde 2007 y solicitaba el desahucio.
En 2020, el juzgado estimó la demanda y condenó a los demandados a dejar libre la finca, cuya posesión ostentan en precario, bajo apercibimiento de proceder al alzamiento el 16 de diciembre.
La Audiencia Provincial desestimó los recursos del matrimonio y confirmó la sentencia en 2021, ratificación que también realizó el Tribunal Supremo.
En 2022, Los Servicios Sociales de Aspe presentaron un informe de vulnerabilidad señalando que cobraba el matrimonio pensiones y que se les ofrecía servicios y recursos para conseguir alternativa habitacional que, los interesados, negaron por no querer abandonar su vivienda.
Durante ese año, el juzgado denegó la suspensión del lanzamiento al entender que no concurrían en situación de vulnerabilidad y considerando que había indicios que apuntaban a que el matrimonio tenía mayo capacidad económica, pues la explotación agrícola seguía en funcionamiento y produciendo rendimientos que, actualmente, realizaba su hija.
La Audiencia desestimó el recurso en 2023 y se estableció nueva fecha del lanzamiento para este 24 de mayo. Fue meses después cuando el alcalde de Aspe presentó solicitud de suspensión y acompañóde otro informe de Servicios Soles pero, no aportó, según el juzgado, nuevas circunstancias lo que produjo que, finalmente, el Juzgado dictara providencia acordando proceder a ello.
