Ágora acude al Síndic por el "bloqueo" de la Generalitat al primer proyecto de vivienda colaborativa en Alicante
Necesitan el aval del IVF para poder conseguir financiación para 18 viviendas proyectadas en Rabassa tras conseguir una parcela pública en 2019
Imagen virtual del proyecto Ágora de 18 viviendas cohousing en cesión de uso que se edificará en Rabassa, Alicante / Ágora
Alicante
Ágora Alicante, la primera cooperativa de vivienda colaborativa de la ciudad en suelo público, acude al Síndic de Greuges ante el "incumplimiento" del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de dar vía libre a los dos millones de euros comprometidos para avalar el proyecto. La reclamación se interpone también por "bloqueo" de la administración autonómica.
Cooperativistas del proyecto Ágora de Alicante en una reunión sobre la edificación / Ágora
Cooperativistas del proyecto Ágora de Alicante en una reunión sobre la edificación / Ágora
Recuerdan que en 2019 su proyecto en cesión de uso en suelo público ganó en concurso una parcela para construir 18 viviendas en el barrio de Rabassa. Fue licitado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) por 75 años en derecho en superficie. Cuatro años después lamentan que no han podido iniciar la construcción. Siguen sin obtener ese aval con el que acudir a un banco y solicitar un préstamo financiero para poder empezar la edificación.
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Por eso ahora piden amparo al Síndic y que Generalitat "inste a las distintas consellerias implicadas en el conflicto" a que solucionen este "obstáculo" y Conselleria de Vivienda y el IVF cumplan el acuerdo de diciembre de 2022 y tras varios intentos fallidos.
José Francisco Sánchez, cooperativista, habla de "mala praxis" por parte de Generalitat que no previó en el pliego de condiciones las limitaciones que podrían surgir para la financiación al vetar el aval privado por la cooperativa.
José Francisco Sánchez, cooperativista de Ágora: "Esta situación es fruto de la mala praxis de la Generalitat"
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No descartan hacer una acampada ante el Palau de la Generalitat y no descartan "explorar" la vía judicial por el daño patrimonial y moral que sufren.
Los 14 cooperativistas que quedan apuestan por un proyecto de 2019 que ahora está en el "limbo". El presupuesto es de dos millones, pero que hay que adecuarlo a la realidad económica de 2023. A ello hay que sumar los gastos administrativos más los requerimientos que pueda haber sobre el solar adjudicado.
El perfil es el de personas en la madurez que quieren una solución de vida estable y no sentirse aislados. Pero también hay familias con niños que requieren alternativas de conciliación familiar. La idea es fomentar la solidaridad, el cocuidado, evitar la soledad y crear espacios conjuntos, según Ágora Vivienda Colaborativa.
