Los principales acusados de la 'pieza de los zombies' de Imelsa defienden su inocencia en su último turno de palabra

València

Después de casi dos meses, este lunes ha concluido la vista oral de la conocida como 'pieza de los zombies', dentro del caso Imelsa, en la que se investiga la contratación de personas en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa que supuestamente después no fueron a trabajar. Los acusados tenían derecho a la última palabra en esta última sesión y, excepto Rafa Rubio, exdiputado socialista y exsubdelegado de Gobierno de Valencia, y Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación, los principales acusados sí han hecho uso de ese derecho.

La declaración más extensa ha sido la de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero'. Benavent ha pedido perdón al Partido Popular y a los principales acusados por, según ha reconocido, "el mal provocado intencionadamente". Ha asegurado que le trataron "como a un títere" y ha justificado sus palabras ante la Guardia Civil reconociendo los hechos por "haber declarado en interrogatorios de muchas horas en las que ya no sabía ni lo que decía".

El exgerente de Imelsa se ha referido a los audios que dan origen a la causa y ha manifestado que no autorizó a nadie "ni su uso ni su difusión". Dichos audios estaban en un disco duro en la casa que Marcos Benavent compartía con su entonces mujer y, cuando se separó, la memoria extraíble se quedó en esa vivienda.

En contra de lo que dijo su exsuegro, Mariano López, durante su declaración como testigo, Benavent ha asegurado que su familia política no le dejó recuperar el disco duro: "Aunque era mi casa no me dejaron entrar a recoger mis pertenencias personales". En su opinión, "se han vulnerado y mancillado" sus derechos a la intimidad, a la imagen, al honor, al entorno digital, a la protección de datos, a legítima defensa, a la presunción de inocencia y la revelación de secretos.

La Fiscalía, durante su informe final, aseguró que "asusta pensar todo lo que han podido hacer los acusados con el dinero que gestionaban" y, al respecto, Benavent ha expuesto en una retahíla de frases lo que a él le "asusta" para concluir asegurando que se ha ejercido "violencia judicial" por "penas desorbitadas".

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La comparecencia de Benavent ha estado salpicada de citas y referencias culturales y filosóficas, como por ejemplo, a Maquiavelo: "Como dijo Maquiavelo, el fin no justicia los medios". El exgerente de Imelsa también ha recordado a Montesquieu para decir que "no hay mayor tiranía que la que se ejerce al amparo de la ley en ejercicio de la justicia" y ha recomendado hasta una película, Una noche en la ópera.

Por su parte, Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, también ha atacado a la justicia. Todo ha sido, en su opinión, un "juicio político" por parte del Ministerio Público: "Llevaban ya la orden hecha de llevar a Rus al paredón".

Durante su declaración, Rus ha asegurado que él ha dado "la cara" y ha defendido que ha estado siete años sin hablar "por prescripción de sus abogados y por respeto a la justicia": "Yo sí que soy incontinente, yo no soy normal, soy incontinente y me he tenido que aguantar".

Quien fuera su jefe de gabinete, Emilio Llopis, ha negado haber contratado a nadie ni haber recomendado a nadie: "Yo me he limitado a cumplir con mi trabajo".

Para Benavent, Rus y Llopis la Fiscalía reclama las penas más altas, doce años para cada uno, igual que para Máximo Caturla, que no ha intervenido. Por su parte, el ministerio público pide seis años para Rafa Rubio.

En la segunda macropieza de Imelsa se ha juzgado a 25 personas (fueron 26 al inicio pero se formó una pieza separada para juzgar aparte a un procesado), once de ellas admitieron los hechos durante el inicio de la vista oral.