Mas apuesta por el diálogo para desarrollar los servicios sociales y desde Aerte reclaman más colaboración público - privada

València

La gestión de los servicios sociales valencianos ha mejorado mucho desde 2015, pero todavía queda mucho por hacer. Esa es la idea en la que han coincidido los participantes de la ponencia 'La dependencia y la profesionalización de los cuidados, a debate' organizado por el sindicato UGT en colaboración con la Conselleria de Políticas Inclusivas y elDiario.es.

Durante el encuentro han destacado, por ejemplo, la reducción del tiempo de espera en la resolución de las ayudas a la dependencia, que ha pasado de cuatro años y medio a ocho meses; o el incremento en el número de personas atendidas por la Administración, que ha ascendido en más de 97.000.

La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha sido la encargada de inaugurar el evento y ha destacado que cuando el Botànic llegó al Gobierno lo primero que tuvieron que hacer fue "reparar" el sistema desarrollado por los populares y, a partir de ahí, "arrancar con la construcción" de un nuevo sistema.

Mas ha puesto en valor la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019, "la piedra angular del sistema actual", o el Plan Convivint 2021 - 2025, que busca impulsar las infraestructuras sociales para poder aumentar el número de plazas disponibles para la ciudadanía. La vicepresidenta ha asegurado que en el territorio faltaba desarrollar "la cuarta pata del Estado del Bienestar, la de los servicios sociales", y ha señalado la necesidad de colaboración de todos los actores implicados. Reconoce que, aunque no siempre sea fácil llegar al diálogo, los cuidados son el interés común: "Compartiendo este interés, las diferencias quedan al margen".

El presidente de la patronal de las residencias AERTE, José María Toro, también ha reseñado que "se ha avanzado mucho", pero hay carencia de plazas y una reducción de las ratios no puede llevar aparejado un incremento del coste de las plazas para los usuarios y usuarias.

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Toro se ha mostrado a favor del nuevo modelo social, pero hay que hacerlo viable y ha abogado por la colaboración público - privada. "El Plan Convivint pretende crear el 15 % de las plazas necesarias, ¿y el resto? ¿Vamos a mandarlos a su casa con la desinstitucionalización?", se ha preguntado.

En opinión de Toro, "la gente tiene que estar en su casa" porque ha confesado que él no quiere ir a una residencia si "no hace falta" pero, llegado ese momento, ha destacado que requerirá tres cosas: una plaza disponible, que la plaza sea de calidad y que se la pueda costear. Según el momento, ha explicado, el recurso variará entre un centro de día, una residencia o una vivienda tutelada: "El debate no es la institucionalización o no porque el 82 % de las personas mayores de 80 años de la Comunitat vive en su casa".

Toro ha añadido que aquí no hay un exceso de residencias, sino que ocurre justamente lo contrario: "Hay gente que necesita la residencia y la solución no puede ser la familia, la gente nos pide plazas". "Yo no apuesto por la institucionalización", ha añadido.

Los Ayuntamientos tienen que cumplir con su parte

En la mesa de debate también han participado la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, y la trabajadora social del Ayuntamiento de Xirivella, Elena Paredes, que se han referido al convenio plurianual firmado entre la Generalitat y los ayuntamientos y mancomunidades. En ese documento, denominado contrato programa, la Administración autonómica financia la contratación de los equipos de servicios sociales municipales.

Según Paredes, cuando empezó a trabajar para la administración "sentía que era una figura de acompañamiento en la enfermedad y la muerte", algo que "por suerte ya no ocurre", pero ha recalcado que no hay personal suficiente para gestionar toda la carga de trabajo de los consistorios. Por eso, ha pedido a los Ayuntamientos que contraten a la plantilla necesaria: "Mientras las corporaciones locales no cumplan con el contrato programa y se comprometan a contratar al personal que tenemos que tener no se va a poder dar una intervención".

En ese sentido, Gavidia ha aseverado que no van a ser benevolentes: "No somos impositivos, pero llega el momento de cumplir y hay que hacerlo. Este año tiene que estar la ratio de profesionales y, si no están, habrá inspección y sanciones por incumplimiento de contrato".