Pierde su documentación en un incendio y cuando lo denuncia le tramitan una propuesta de expulsión por estancia ilegal en España

Valencia

Un hombre de origen colombiano fue a interponer una denunciar a una comisaría de la localidad valenciana de Burjassot y en ese trámite, la policía inició una propuesta de expulsión por estancia ilegal en España. Es lo que denuncia València Acull, una entidad solidaria, que subraya la recomendación del Defensor del Pueblo para evitar esas actuaciones policiales que favorecen las situaciones irregulares al desincentivar las denuncias por miedo.

Todo ocurrió en diciembre de 2022 y para el Defensor, esta práctica constituye "una vulneración del Estatuto de la víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica".

Pasaportes incinerados

Dos personas de nacionalidad colombiana acudieron a la comisaría de Burjassot a denunciar que sus pasaportes habían ardido en el incendio de la caravana donde dormían, porque estaban trabajando lejos de su residencia. Sin embargo, los agentes se limitaron a comprobar si la situación de los denunciantes era legal en España. Comprobaron que ambos tenían permisos de ingreso en el país por turismo, pero uno de ellos ya lo tenía caducado por lo que tramitaron el expediente de su expulsión. Paco Simón, de València Acull, lamenta que quienes tienen que proteger se conviertan en una amenaza.

Entrada al país como turista

En la resolución la policía trata de justificar la expulsión indicando que el joven entró como turista “con la intención de quedarse a vivir en España”, que vive solo aquí porque todos sus familiares están en Colombia y que trabaja sin alta en la Seguridad Social. Además, los agentes afirman que tiene pendiente “una propuesta de sanción grave por la L. O. 4/15 art. 36.16”; dicho artículo castiga el consumo o la tenencia de drogas. Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal, “nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué”.

Su abogada ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión, que ahora está pendiente de la decisión de la Delegación del Gobierno. En el escrito, además de destacar que carece de antecedentes penales y policiales, se ponen de manifiesto los “fuertes vínculos que mantiene con España” ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado en proceso de regularización.

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También se detalla en las alegaciones toda la argumentación que el Defensor del Pueblo ha expuesto al Gobierno desde 2004, cuando formuló la primera recomendación al Ministerio del Interior “a fin de que no se tramitaran expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos”. Esa recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género (suspensión de sanción por estancia irregular y concesión de autorización de residencia provisional mientras se tramita el procedimiento penal), pero seguían corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular.