El sindicato CGT denuncia que muchos de los proyectos de renovables planteados en la Comunitat Valenciana "van a destruir el territorio"
Advierte que la sostenibilidad, concretamente la energética, "no se puede conseguir a costa de la destrucción del territorio de todos", y sobre todo, siguiendo por el camino del "crecimiento sin límites que, por definición, es insostenible"
Paneles solares en Beneixema. / Jose A. Bernat Bacete
València
El sindicato CGT denuncia que muchos de los proyectos de energías renovables que se están planteando en la Comunitat Valenciana van a destruir el territorio y acusa a las empresas que los impulsan de presionar a las administraciones públicas para saltarse los controles.
Según la Confederación General del Trabajo, la agilización administrativa para desbloquear proyectos de energía eólica o fotovoltaica es, muchas veces, una excusa para que estas obras acaben construyéndose sin tener todos los informes necesarios y sin dejar a los funcionarios hacer su trabajo. Por eso, también reclaman una auditoría para comprobar que todos los proyectos aprobados hasta ahora se han hecho correctamente.
La Confederación General del Trabajo (CGT) detalla en un comunicado que la manipulación de los lobbies empresariales de las grandes infraestructuras y proyectos "destructores del territorio", de los recursos naturales y de las personas, y sale en defensa de los controles públicos de dichos proyectos ejercidos por personal funcionario público, profesional e independiente.
El sindicato CGT denuncia que muchos de los proyectos de renovables planteados en la Comunitat Valenciana "van a destruir el territorio"
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Advierte que la sostenibilidad, concretamente la energética, "no se puede conseguir a costa de la destrucción del territorio de todos", y sobre todo, siguiendo por el camino del "crecimiento sin límites que, por definición, es insostenible".
Piden una auditoría interna
Además, exigen una "auditoría interna inmediata de los recursos humanos de las Administraciones Públicas con el fin de garantizar la dotación necesaria con personal funcionario público que es el que ofrece las garantías necesarias del cumplimiento de la legislación". Eso es, precisamente, lo que persigue nuestro sistema de Función Pública, ser una garantía de imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones de control del cumplimiento de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística y de calidad de la edificación.
