El Ayuntamiento de València mantiene el cierre del Balneario de la Alameda hasta que la concesionaria subsane las deficiencias detectadas por los inspectores municipales

València

La concejalía de Sanidad rechaza las alegaciones presentadas por la empresa concesionaria del Balneario la Alameda, que pedía la reapertura de las instalaciones cerradas temporalmente desde hace casi un mes tras detectar los inspectores municipales niveles altos de bacterias. Así pues, se mantiene la medida cautelar de clausura de este balneario urbano.

En una resolución a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Ayuntamiento de València requiere a "Balneario Alameda 2016", que subsane completamente las deficiencias detectadas por los inspectores de la Sección de Protección de la Salud que advierten de la "sospecha razonable de existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública".

Recordamos que la empresa concesionaria y los técnicos municipales mantienen desde hace meses serias discrepancias sobre las deficiencias de las instalaciones y la normativa higiénico-sanitaria aplicable al balneario.

Según los técnicos, la instalación sigue presentando graves problemas de mantenimiento y deficiencias como la ausencia de equipos de cloración automáticos o la falta de agua caliente en las duchas. Por eso, los técnicos municipales han decidido mantener la orden de cierre del balneario porque "no está garantizada la seguridad de los usuarios".

La empresa que gestiona el balneario aportó el pasado 23 de noviembre, tres semanas después de la orden de cierre, analíticas que confirmarían que el balneario está libre de legionela y podría reabrir. Pero los técnicos municipales replican en esa resolución que la orden de cierre no deriva solo de la mera presencia de legionela, sino también de la falta de mantenimiento y las deficiencias detectadas en las instalaciones.

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El ayuntamiento exige a la empresa la desinfección continúa mediante equipos automáticos de cloración que, según la inspección, dejaron de funcionar tras la pandemia de la covid-19. La empresa concesionaria aduce que la cloración se hace manualmente, con pastillas, y recuerda que no se les puede aplicar la normativa de las piscinas comunitarias porque un exceso de biocidas comprometería las propiedades mineromedicinales del agua.

Además, el consistorio apunta que la concesionaria no realiza los análisis físico-químico y microbiológico que marca la legislación, entre los que se incluye el recuento de "Legionella", "Escherichia Coli" y "Pseudomonas aeruginosa" tanto del agua termal de los aljibes, como de la piscina y termas, e incluso en los circuitos de agua fría de consumo humano en el caso de la legionela.

Por otro lado, el ayuntamiento ordena la adopción urgente de la desinfección de los vasos en los que aparecen zonas con desconchones o falta de piezas de gresite, que se deberán reponer así como la desinfección de los filtros con tratamientos de choque a base de cloro.

Además, pide que se realicen mejoras en los vestuarios, donde no hay agua caliente porque el concesionario decidió apagar las calderas por presencia de legionella, así la sustitución de elementos del balneario que favorecen la proliferación de microorganismos.

La concesionaria, por su parte, aduce que el ayuntamiento entregó las instalaciones del balneario con deficiencias, aunque los técnicos municipales aseguran que en el momento de la entrega del edificio no se hicieron constar dichos fallos, y por tanto como propietario le correspondería subsanarlas.

El Balneario, se defiende

La dirección del Balneario en un comunicado asegura que "la prolongación del cierre no se justifica en modo alguno: la legionela, habitante natural en todas las aguas, también en el agua sanitaria de Valencia, está bajo control con las medidas que toma regularmente el concesionario y de una forma además que no anula la efectividad de los tratamientos termales; es decir, el Balneario hace lo que prescribe la ley".

Las supuestas “deficiencias” que señala Sanidad del Ayuntamiento deben en todo caso ser asumidas por el cedente del contrato, es decir, el Ayuntamiento mismo. Aunque algunas de las soluciones que Sanidad apunta son un auténtico disparate y desconocen el impacto que las  maravillosas aguas tienen por otra parte en las instalaciones. El comunicado concluye que esperan que la autoridad judicial pueda arrojar luz sobre este asunto y no guiarse meramente por “la presunción de veracidad” de Sanidad del Ayuntamiento porque la actuación de la inspección es totalmente arbitraria e ilegal.