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Investigan una organización de origen irlandés acusada de cometer el 'timo del asfalto' por toda España

La operación 'Ricadona' tuvo su origen en una denuncia interpuesta en junio del año 2019 por un empresario de la localidad valenciana de Picassent

Organización desarticulada / Guardia Civil

Organización desarticulada

València

La Guardia Civil de Valencia investiga a los autores de una organización criminal de origen irlandés dedicada a la comisión del 'timo del asfalto' por toda España, en concreto, en polígonos industriales. La sociedad instrumental creada para la comisión del delito facturaba más de 2.000.000 de euros al año.

La operación 'Ricadona' tuvo su origen en una denuncia interpuesta en junio del año 2019 por un empresario de la localidad valenciana de Picassent, que manifestó haber sido estafado por unos ciudadanos de origen irlandés.

El 'modus operandi' del denominado en argot policial 'timo del asfalto' consiste en que uno de los miembros del grupo criminal se persona en las instalaciones de una empresa haciéndose pasar por representante de una constructora, llegando incluso a mostrar diversa documentación para dar apariencia de solvencia, ofreciéndose los servicios de la misma para asfaltar un área exterior de la empresa cliente a un precio por metro cuadrado muy por debajo del mercado, por lo que las víctimas acceden pensando que es una oferta irrechazable.

Una vez firmado el acuerdo, acuden alrededor de unas 10 personas, normalmente de nacionalidad irlandesa, con diversa maquinaria como grúas pequeñas y máquinas de aplicación del asfalto. Finalizado el trabajo contratado e ingresado en la cuenta facilitada por los autores el precio convenido, los perjudicados comprueban días después que el grosor de la capa asfaltada es menor y que el asfalto es de mala calidad.

Es frecuente además que, durante la práctica de los trabajos se suela engañar al cliente, utilizando para ello cintas métricas trucadas o modificadas, logrando de esta forma falsear las mediciones, consiguiendo mayor número de metros de los que dispone la parcela, elevando la cantidad de metros presupuestada y, por consiguiente, estafando a las víctimas.

Los agentes pudieron verificar que esta organización criminal operaba en todo el territorio nacional, sobre todo en polígonos industriales, aunque se han dado casos de estafas a organismos públicos como colegios.

Los perjudicados realizaban el ingreso en una cuenta bancaria de la cual era titular uno de los integrantes de la sociedad instrumental creada para la comisión del delito, evitando así el rastreo y el destino de los fondos, así como la evasión de impuestos y la producción de un fraude al erario público.

A los pocos meses del ingreso del dinero en la cuenta, éste era retirado en su totalidad en cajeros o transferido al extranjero para dificultar su rastreo.

Pese a su constitución de manera legal, la sociedad carecía de desarrollo organizativo, no se apreciaba en ella el abono de nóminas y pagos que debieran producirse en una empresa que ingresaba 2.163.902,57 euros en poco más de un año y no se tenía constancia del alta de ningún trabajador, pagos de impuesto de sociedades ni de ningún otro tipo de impuesto.

Tras más de dos años de laboriosa investigación por parte de los agentes de la Guardia Civil, se ha logrado la identificación de cinco personas, siendo investigados, a parte de la persona jurídica, tres de ellos. Además, se ha localizado al cabecilla del grupo criminal en el extranjero.

Se ha procedido a la investigación como autores de los delitos de estafa, contra la hacienda pública, contra la seguridad social, blanqueo de capitales y organización criminal en todo el territorio español, a dos hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad irlandesa y de edades comprendidas entre los 24 y los 57 años, así como una persona jurídica, encontrándose otro hombre en búsqueda con señalamiento judicial, y el principal sospechoso pendiente de una solicitud de colaboración con autoridades extranjeras para su investigación, de 34 y 30 años de edad y de nacionalidad irlandesa.

Para el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil de Picassent ha contado con la colaboración de autoridades extranjeras y comunitarias para la obtención de información. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Picassent.

 
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