Ciberdelitos que se cometen en el seno de una empresa y pueden tener repercusiones legales para ella

Fuenlabrada

La mala praxis intencionada de un trabajador en el seno de la empresa para cometer delitos en su beneficio, es una realidad que puede, además, generar daños a la propia compañía. Así lo explica Begoña Fernández, abogada penalista del despacho Fernández Flores Abogados, quien habla de casos como los delitos de daños, cuando un empleado, “por motivos muy diversos”, como malestar con la dirección o porque va a ser despedido, “deteriora o altera un trabajo”, borrando, por ejemplo, “todas la carpetas a las que solo tiene acceso él, con datos de proveedores o terceros, causando un perjuicio a la persona jurídica, la empresa, obligada después a recuperar esos datos”.

Por ese delito puede responder el trabajador, pero también la empresa, si no tiene en marcha los protocolos necesarios para evitar lo ocurrido. El Código Penal castiga estos hechos sólo si se califican de graves, dice Fernández. “Por ejemplo, hay jurisprudencia que indica que si esos datos se hubieran grabado de forma instantánea en la nube, como serían fácil de recuperar, no habría delito”. De lo contrario, si la compañía se ve obligada en invertir “mucho dinero en recuperar esos datos, y hubiera sido muy complicado, la empresa tendría también responsabilidad en forma de multas, incluso en algunos casos, dependiendo del delito y gravedad del mismo, se podría hablar de disolución de la empresa, o clausuras temporales”. Por otro lado, el empleado estaría sometido a penas de prisión, afirma.

Entre otros delitos posibles en el seno de una entidad se encuentran el de estafas informáticas, también penadas por Ley. En este caso, el trabajador que la comete tendría penas de prisión de entre 6 meses a 3 años y si la empresa tiene beneficio directo o indirecto en esta acción, igualmente tendría responsabilidad penal.

Por todo esto, es necesario según Fernández, que las empresas cuenten con protocolos de compliance, para protegerse o amortiguar el golpe. Se trata de un sistema que comprende todas las medidas y procesos que una organización establece para garantizar el cumplimiento de las normas y la Ley. Deberá ser acorde al tamaño de la empresa y garantizar que puedan responder también por las acciones de sus trabajadores, según recuerda José Antonio Rubio, doctor Ingeniero en Ciberseguridad.

Entre otros ciberdelitos en la misma línea se encuentran los de propiedad intelectual o blanqueo de capitales, entre otros.

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